Un protocolo para proteger el trabajo de los periodistas

Durante el encuentro de Tucumán, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó una resolución para la creación de un protocolo de actuación que tiende a proteger la actividad periodística, en especial la de aquellos profesionales que investigan la criminalidad organizada y el narcotráfico. Elaborado con la colaboración de Adepa y del Foro del Periodismo Argentino (Fopea), ese marco será de aplicación cuando el desarrollo de la actividad periodística pueda acarrear riesgos para el periodista y se relacione, directa o indirectamente, con hechos de interés institucional como estos: Producción , tráfico, transporte, almacenamiento o comercialización de estupefacientes. Contrabando de mercaderías o el tráfico ilegal de personas. Hechos destinados a aterrorizar a la población. Corrupción en el ejercicio de la función pública en el ámbito nacional, provincial o municipal. Actuación de los funcionarios públicos en el ámbito nacional, provincial o municipal. Trata de personas humanas. Privación ilegítima de la libertad de personas humanas. Formación y funcionamiento de asociaciones ilícitas y de sus integrantes. Lavado de activos y prevención del terrorismo. Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, prevaricato, traición a la patria, la dignidad de la Nación, atentados al orden constitucional y a la vida democrática o sedición. Violencia institucional y la protección de los derechos humanos. Violencia en el fútbol. Violación de los derechos del usuario o consumidor, la lealtad en la competencia económica, la preservación del medio ambiente sustentable, la transparencia y democracia gremial y los relacionados con violencia de género, diversidad y no discriminación. Obligatorio El protocolo es de aplicación obligatoria en todo el país para el personal de Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. "Su accionar debe ajustarse en un todo a la Constitución Nacional, las leyes penales, las pautas procesales y los protocolos vigentes", sostiene la resolución.

El informe cita uno a uno los casos en toda la Argentina.

Como cada año, en el tramo final del informe sobre libertad de expresión, Adepa menciona uno a uno los ataques a periodistas y medios por su desempeño.