A un paso de que termine el año horrible
Los investigadores que excavaban no parecen haber aportado mucho.
Ya nadie espera, como en los días del último abril, que la expresidenta Cristina Fernández concurra a los tribunales federales de Comodoro Py acompañada por las columnas movilizadas del movimiento popular que fundó Juan Perón el 17 de octubre de 1945 y el kirchnerismo se ufanó de ensanchar hasta las fronteras de la revolución socialista. Estará de regreso en los suburbios porteños de Retiro, frente a otro juez. Julián Ercolini quiere indagarla por su protagonismo en el diseño y funcionamiento de una estructura sistemática montada en el Estado para favorecer a empresarios amigos con la adjudicación de obras públicas. Y enriquecerse con retornos pagados por ellos.Cristina podrá explicar, por ejemplo, sus vínculos con Lázaro Báez y con José López, entre otros. Aunque es poco probable que se explaye más allá de un escrito cuyos ejes adelantó ayer por Twitter.Insistirá con el argumento de que la Justicia la convoca en el marco de una represalia de los grupos más concentrados de la economía por las decisiones que adoptó –según sostiene todavía– en beneficio de los sectores populares.Hace suya una definición de Cristiano Martins, el abogado defensor de Lula da Silva: como el expresidente brasileño, ella también es una "inocente perseguida por mecanismos jurídicos".Su principal asesor para estos entreveros penales es el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni.A propósito de las causas por casos de corrupción en Brasil, Zaffaroni ha comparado recientemente a la Justicia brasileña con las ideas del jurista del nacionalsocialismo, Carl Schmitt.Sostiene que se está juzgando a Da Silva en Brasil con argumentos similares a la doctrina schmittiana del estado de excepción. "Un escándalo jurídico", ha dicho.Curiosamente, es un criterio muy cercano al que utilizó Cristina –por consejo de Zaffaroni– en su declaración de abril ante el juez Claudio Bonadio. Con la consigna de que la Justicia busca "criminalizar la política monetaria", la expresidenta sugirió que, también frente al delito, soberano es quien decide en estado de excepción.Cristina no sería en verdad inocente, sino sencillamente no judiciable. Eso sí que sería un escándalo: la pretensión ética suprademocrática de un expresidente, a 33 años de la restauración republicana en Argentina.¿Pero qué otro recurso puede sacar Cristina de la galera después de que el país ha visto el crecimiento patrimonial de Lázaro Báez, de cajero de banco a magnate de la obra pública?¿Y cómo explicar la persistencia de José López en el reparto de las licitaciones, desde Santa Cruz hasta el monasterio, buscando esconder el dinero que, según explicó, "era de la política"?La fragilidad procesal de Cristina se combinará con un contexto político difuso.Aunque la militancia activa que todavía le es fiel se haga presente hoy en las inmediaciones del juzgado, el grueso de la vasta coalición social y política que le obedecía ciegamente a Cristina ya no la reconoce en la conducción.Sin embargo, hay tiempos políticos que le son menos hostiles. Las causas en su contra se desarrollan con lentitud. Las acciones espectaculares de investigadores que cavaban para encontrar bóvedas no parecen haber aportado mucho al cansino curso de los expedientes. Y es probable que Cristina zafe de su año horrible y permanezca en libertad.Cuando asome 2017, no será tan sólo la expresidenta que rinde cuentas en la Justicia, sino también la candidata potencial a los fueros de su agrupación política.Toda decisión de los jueces estará sometida al prisma de las especulaciones electorales.

