Un antes y un después para peleas gremiales

¿Navarrazo? ¿Desestabilización política? ¿Reemplazo de la cúpula policial? ¿Renuncias en el Gobierno? "No se equivoque, acá no queremos que se vaya nadie. Lo único que pedimos son sueldos como los de Epec", respondió la mujer de un policía de Córdoba, en pleno acuartelamiento, ante una cámara de televisión (ver Fuera de control). Años sufriendo los insultos, las pedradas y las bombas de estruendo que sistemáticamente les lanzan, en cada conflicto, otros gremios tan dependientes del Estado como ellos, pero con sueldos tres o cuatro veces más altos, los policías decidieron seguir la receta que tantas veces usaron los empleados de Epec, los municipales de la ciudad de Córdoba y otros gremios anexos al sector público como los choferes del transporte urbano e interurbano o los recolectores de basura del Surrbac.No inventaron nada. Hicieron lo que hacen todos los demás: dejaron de prestar servicios. Como los choferes dejan la gente a pie. Como los empleados de Epec dejan de atender cada tanto. Como los municipales paran cada día, por las más diversas razones. A juzgar por los niveles salariales, esa es la vía, razonaron las esposas de los agentes. Sucede que, con lo mismo, los policías pusieron a la Capital al borde del abismo (y a muchos de sus habitantes, un paso más adelante). Pusieron la democracia en pausa durante un día y medio y dinamitaron todos los diques que, a duras penas, suelen contener cada día la violencia extrema y evitar el robo en masa. Lo único incuestionable es lo que muestran los recibos de sueldos de los policías: son salarios de miseria. Seguirán siendo módicos aun si se pagan las subas prometidas ayer por la Provincia. Todo lo demás fue una apuesta al terror ciudadano que ninguna democracia admite en sus fuerzas de seguridad. El largo acuerdo que ayer firmaron las autoridades policiales sólo puede entenderse como una respuesta desesperada tras la noche más aciaga vivida en Córdoba desde la recuperación democrática: la Provincia otorgó un aumento salarial, pero también declinó la aplicación de las sanciones previstas por ley. Es decir, que al poder político le queda esperar el próximo acuartelamiento para volver a ceder. Difícilmente la crisis policial haya terminado ayer. Pero, aun irresuelta, esa crisis marcará un antes y un después en los conflictos gremiales que se avecinan: es obvio que esa suba anunciada ayer para los policías será el objetivo de todos los estatales. Y el sueño de los privados. Hay otra dimensión por explorar: qué harán estos policías que permitieron el terror urbano cuando deban actuar ante los desbordes que tan a menudo suelen acompañar al consabido "fragor de las luchas gremiales", a las "bases que desbordan a la dirigencia" o a los sabotajes indisimulados. Es la pregunta que más resuena en los despachos oficiales. De ningún modo fue casual que ayer el gobernador De la Sota, el intendente Mestre y los mediadores religiosos insistieran en lo mismo: una ley nacional que ordene servicios mínimos durante los paros de policías, choferes y la Justicia. Sería algo. Hoy es ceder o la nada.