Tras quedar expuestos, ediles declaran sus bienes
Continúan en mora el radical Javier Lafuente y los dos integrantes del bloque Frente Federal de Acción Solidaria: Marcelo Pascual y Eugenia Terre.
La publicación de ayer de este diario, respecto de que un tercio de los concejales capitalinos no había presentado aún su declaración patrimonial anual, obró como un acelerador para que los ediles más rezagados se pusieran al día en las últimas horas.
Lo mismo había ocurrido ya entre sábado y lunes con secretarios del Ejecutivo que estaban en falta respecto de esa misma exigencia.
En el caso del Concejo también se empezaron a subir en su página web copias de las carátulas de las declaraciones.
La publicidad de esos datos por vías oficiales es otra exigencia de la norma que rige el control patrimonial de los funcionarios.
De los 11 ediles que según Oficialía Mayor no habían declarado bienes, ocho regularizaron su situación: los radicales Negri, Carranza, Garda, Casas y Romero; los riutortistas Flores y Llarena, y la peronista Nadia Fernández.
Seguían en mora el radical Javier Lafuente y los dos integrantes del bloque Frente Federal de Acción Solidaria: Marcelo Pascual y Eugenia Terre.
La información fue suministrada por Prensa del Concejo y por la Oficialía Mayor del cuerpo.
En algunos casos, como los de las concejalas Laura Sesma y Victoria Flores, admitieron haber completado sus datos en forma tardía respecto de la fecha límite, que es el 1° de marzo. Y cuando los tuvieron disponibles, los enviaron a este diario.
Otros, como Juan Negri, insisten en marcar que habían cumplido en tiempo y forma con la presentación, con lo cual el supuesto incumplimiento se dirime ya no en términos mediáticos, sino en ámbitos internos del Concejo.
Desde el cuerpo señalan que los encargados de la web trabajaron a destajo ayer para subir a la página las declaraciones juradas.
En el apuro, persistían desacoples. Por caso, quedaban cargadas las carátulas de 2017, pero no así el historial previo, lo que dificulta hacer comparaciones en serie.
Otro inconveniente deviene de una confusión de los ediles: algunos fechan su declaración de este año como “2017”, pero otros ponen “2016” en la carátula, interpretando que se trata del patrimonio del año pasado.
No menos recurrente es la tendencia a cotizar bienes por su valuación fiscal, y no de mercado, como manda la ordenanza. También hay ediles que se quejan de que la norma es deficiente, porque los obliga a declarar en marzo, cuando aún no han actualizado Bienes Personales ante la Afip.
