Martín Llaryora reiterará la tradición oficialista de acomodar la fecha electoral al momento que el olfato y las encuestas indiquen más propicio para la búsqueda de su reelección y del octavo mandato ininterrumpido del peronismo cordobés. La ley fija como límite para la anticipación el mes de marzo de 2027, pero la política actúa como si esa ley no existiera: la oposición asume como probable una sustancial anticipación que el peronismo cordobés no niega ni confirma.
Unos y otros repiten que el calendario electoral empezará a correr después del Mundial, pero las negociaciones políticas relevantes ya comenzaron. Esto se evidencia en un incremento de la inquietud de la oposición provincial y en una agudización de la ambigüedad política de Llaryora.
En los hechos, el Gobierno de Córdoba redobla esfuerzos para mostrarse como la contracara de Javier Milei en el frente productivo y social: multiplica señales hacia los sectores de la economía más afectados por el modelo libertario, aun en medio de un ajuste del gasto refuerza partidas para atención de la discapacidad, sostiene programas sociales, socorre desde los hospitales provinciales a los afiliados al Pami, se sigue endeudando para sostener la obra pública y cierra paritarias del 40% anual con los estatales.
Pero en simultáneo colabora con La Libertad Avanza en todo aquello que el cerrado círculo mileísta considera fundamental. La semana pasada esto se hizo evidente en la total ausencia de voces del peronismo cordobés durante el paso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la Cámara de Diputados. Natalia de la Sota fue la única en tomar la palabra, en clara ratificación de su alejamiento del llaryorismo.
Pese a que tres integrantes del bloque de Provincias Unidas –Pablo Juliano, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro– son los más activos denunciantes del llamativo enriquecimiento de Adorni en el transcurso de su paso por la función pública, los seis llaryoristas que integran la misma bancada se mantuvieron completamente al margen de las acusaciones. Tampoco respaldarán la moción de censura que impulsa la oposición a los fines de destituir al jefe de Gabinete.
Todo indica que ocurrirá lo mismo en el otro tema que el Gobierno pone en máximo orden de relevancia política: la eliminación de las Paso a los fines de no facilitar el armado opositor. Llaryora sostiene que ese tema no le interesa ni le incumbe y sus diputados pueden aducir sin mentir que el peronismo cordobés siempre se opuso a las primarias obligatorias. Todo indica que serán votos clave, y el Panal aspira a que sean negociaciones trascendentes.
A diferencia de lo que ocurre con la mitad de las provincias que están abiertamente en déficit y pagan sueldos con fondos nacionales, para el Panal las negociaciones relevantes con la Nación –de momento– no se vinculan con algún ATN, ni con anticipos de coparticipación.
Los peronistas dicen en público que esas negociaciones tienen que ver con retenciones, con el régimen de beneficio para las autopartes nacionales o con el incremento del corte de biocombustibles. Los opositores, en cambio, creen que las conversaciones relevantes que busca Llaryora se vinculan con las próximas elecciones: Juez sospecha a tiempo completo que existe un intento de acuerdo con Milei para que La Libertad Avanza no realice un intento consistente por ganar Córdoba.
Es obvio que el Panal está interesado en esa conversación. Cualquier observador puede constatar que Llaryora nunca deja de hacer ningún esfuerzo ni de tender ningún puente. Es su historia: así pasó de concejal de San Francisco a gobernador de Córdoba.
Pero quienes miran con mayor detenimiento las señales del peronismo cordobés, observan en especial los movimientos en torno de Mauricio Macri: el comportamiento del llaryorismo en el Congreso fue idéntico al del PRO. Juan Schiaretti parece haber reconstruido a pleno su vínculo con el expresidente y Llaryora confía en que los cordobeses hagan lo mismo.
Locro pituco
La oposición provincial pasó de los locros populares del juecismo, con tablones, recipientes de plástico y cucharas descartables, a coquetas mesas redondas con mantelería y mozos.
No hubo una palabra sobre el trabajo ni sobre los problemas productivos que acorralan a la industria cordobesa, pero se ratificó una y otra vez la sociedad entre Gabriel Bornoroni y Luis Juez, con dos datos salientes: una nueva constatación de que el radical Rodrigo de Loredo no es parte de esa alianza y la admisión por parte de Luis Juez de que la lista que enfrentará a Llaryora muy probablemente sea encabezada por el diputado libertario que logró la confianza de Karina Milei y los Menem.
Las especulaciones sobre un nuevo intento capitalino de Juez están a la orden del día. No hay señales concretas de que el senador tenga interés alguno por volver a la gestión municipal, pero sí es evidente que está dispuesto a colaborar donde se lo requiera Milei. Y también es elocuente la ausencia casi total de candidatos con peso propio para la sucesión de Daniel Passerini en el Palacio 6 de Julio.
La pregunta que sobrevoló sobre las mesas del Alto Botánico –y que se impone en cada reunión juecista– fue reiterativa y apuntó al tenor de la apuesta de La Libertad Avanza en Córdoba. Juez hizo explícita esa duda: “Lo único que nos puede mover de este lugar es que no haya voluntad de ganar esta provincia". Para el senador, los triunfos electorales del peronismo cordobés se explican siempre por la claudicación de quienes deberían respaldarlo a él para ganarle al peronismo.
Esa lógica deja en un lugar especialmente incómodo a De Loredo. Los desplantes de los socios libertarios al exdiputado son permanentes y todo indica que el radical también empezó a sentir nostalgia por los buenos viejos tiempos del idilio de Mauricio Macri con los cordobeses.
Tanta nostalgia como las arcas provinciales. Un dato de la semana pasada explica mucho más que largas tesis políticas sobre la relación del peronismo cordobés con Macri: los años 2017, 2018 y 2019 fueron los únicos en los que la Anses le giró a la Caja de Jubilaciones de Córdoba más fondos de los que correspondía. Además, en 2016 Macri honró el fallo de la Corte a favor de la Provincia por la deuda que había acumulado el kirchnerismo con los jubilados cordobeses.
