Clave para Córdoba. El sector automotriz reclamó la prórroga del régimen de promoción de autopartes
La ley vence en 2027 y advierten que su caída tendrá un fuerte impacto en la provincia. El tema se planteó en una reunión de Diputados. Alarma por la pérdida de competitividad de la industria.
En un contexto de preocupación por la pérdida de competitividad, la industria automotriz de Córdoba llevó este martes a la Cámara de Diputados su reclamo para prorrogar la Ley 27.263, que vence en 2027 y otorga beneficios impositivos al sector autopartista. La norma cumple este año una década de vigencia y advierten que, si no es renovada, se romperá la cadena de valor local, se perderán puestos de trabajo y se frenarán inversiones comprometidas.
Así lo señaló el presidente del Clúster Automotriz de Córdoba, Gerardo Acosta, durante una reunión conjunta de las comisiones de Comercio y de Pymes encabezada por el diputado cordobés Juan Brügge (Provincias Unidas), autor de un proyecto de ley para prorrogar por diez años el Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino.
La cadena automotriz de Córdoba es uno de los principales motores productivos del país: representa el 30% del PBI industrial provincial y el 20% de las exportaciones de la provincia, genera más de 45.000 empleos directos e indirectos y tiene una capacidad exportadora proyectada en U$S 3.500 millones para 2027, según cifras aportadas en el encuentro.
Sin embargo, la apertura económica compromete la competitividad y la continuidad de la cadena de valor, alertó Acosta. Por eso, reclamó que el Congreso prorrogue la ley de promoción con las actualizaciones que sean necesarias. “Si logramos una prórroga de, como mínimo, cinco años, estaremos dando previsibilidad a quien tiene que decidir las inversiones de los próximos años”, afirmó.
La norma próxima a vencer otorga incentivos fiscales para aumentar el uso de autopartes nacionales; crea un bono de crédito fiscal aplicable al pago de impuestos nacionales; promueve mayor integración de componentes fabricados en Argentina; busca reducir la dependencia de autopartes importadas; y apunta a fortalecer proveedores locales y generar empleo industrial.
Pese a este marco legal, Acosta describió que el sector atraviesa una situación delicada por la combinación de una carga fiscal alta (tanto nacional como provincial y municipal), elevados costos logísticos, energéticos y laborales (aclaró que no son vinculados a los salarios, sino a las cargas sociales) y, sobre todo, asimetrías frente a Brasil.
Marcos Malagnini, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC), mencionó el costo laboral como uno de los factores críticos y abrió una polémica. “La reforma laboral es un avance, pero no resuelve problemas estructurales que afectan los costos y la previsibilidad del sector industrial”, observó.
El empresario habló de “exceso de delegados gremiales, dificultades para aplicar suspensiones ante la caída de demanda, abusos en demandas de incapacidad laboral y dificultades en los procedimientos preventivos de crisis”.
Su diagnóstico generó una réplica de Mario “Paco” Manrique, histórico sindicalista de Smata. “El problema de las autopartes no es el costo laboral, es la incompetitividad para ganar mercados en el exterior”, se diferenció el diputado de Unión por la Patria. A la vez, advirtió que “las grandes terminales pasaron de sustituir importaciones a sustituir contenido nacional por importaciones” y “no se tomó ni una sola medida para menguar eso”.
La carga tributaria fue otro de los ejes de la reunión. El pampeano Martín Ardohain (PRO) sostuvo que los reclamos tienen que apuntar a los tres niveles (nacional, provincial y municipal) y no sólo al primero. “La Pampa es una de las provincias que más Ingresos Brutos tiene. Que esto no quede en un discurso sin ninguna estrategia. Tenemos que hablar de una reforma impositiva total. Si no, vamos a seguir con los mismos problemas”, planteó.
Los diputados de la oposición se comprometieron a trabajar en la prórroga del régimen de promoción. El presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, Pablo Farías (Provincias Unidas) apuntó que, si bien el vencimiento es en 2027, “para los proyectos de inversión, esta decisión se tiene que tomar ahora”.
A su vez, el cordobés Brügge informó que trabajarán sobre el ACE (Acuerdo de Complementación Económica) Nro. 14 con Brasil, “para ver que realmente los componentes regionales tengan los porcentajes que sean genuinamente regionales y que no estemos en esta trampa de importación asiática que hace pasar por componentes regionales algo que se fabrica en otro lado”.
