Justicia. Sánchez Torres y Montesi negaron irregularidades en la Cámara Federal
Ambos camaristas declararon la semana pasada, cada uno con su respectiva defensa. Sánchez Torres también presentó documentación sobre su situación patrimonial.
El juez federal Alejandro Sánchez Freytes la semana pasada les tomó declaración indagatoria a las principales autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones, la camarista Graciela Montesi –presidenta de ese tribunal– y Abel Sánchez Torres, vicepresidente.
Ambos negaron de manera taxativa las acusaciones de los fiscales federales Pablo Turano –de la Procuración de la Nación– y Maximiliano Hairabedian, quienes imputaron a Sánchez Torres y Montesi en una causa por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Montesi prestó declaración indagatoria el miércoles pasado, mientras que Sánchez Torres lo hizo el viernes. Ambos magistrados –que son pareja– respondieron preguntas del juez, acompañados por sus respectivos abogados defensores.
La denuncia que enfrentan los camaristas los acusa de manipular la integración del tribunal para favorecer a imputados en una causa de gran relevancia económica.
El núcleo de la acusación por abuso de autoridad se centra en la presunta manipulación de las salas del tribunal en el marco del caso “Bunge”, una megacausa de evasión tributaria. Según el requerimiento fiscal, Sánchez Torres y Montesi habrían acordado vulnerar la ley de subrogancias y el orden legal de sorteos para intervenir juntos en los expedientes denominados “Padilla” y “Humanes”.
La maniobra, siempre según la presentación de los fiscales, habría consistido en retener expedientes de manera injustificada hasta que el turno de subrogación permitiera que ambos magistrados –quienes mantienen entre ellos una relación de pareja– compartieran el voto.
Nayi: "Es una denuncia infundada"
En el caso de Sánchez Torres, la defensa está en manos del Carlos Nayi y de José Cafferata Nores. "La posición de mi defendido ha sido muy clara: es una denuncia infundada y falaz, de ninguna manera ha existido manipulación del proceso ni anomalía alguna en la integración del tribunal, tampoco direccionamiento espurio", indicó Nayi.
Además, en otro hecho del mismo expediente, se acusa al juez Sánchez Torres de presuntamente desplegar actos de maltrato, hostigamiento y violencia de género sistemática contra la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya. La supuesta represalia habría comenzado cuando la funcionaria se negó a firmar una certificación que consideraba ilegal, para avalar la integración supuestamente amañada de las salas.
Fiscales denuncian a la cúpula de la Cámara Federal por manipulación de causas y violencia de género
Tras la imputación de los magistrados, trascendió que sobre Sánchez Torres pesaba también una investigación por parte del fiscal Turano por presunto enriquecimiento ilícito. Ese expediente está en una etapa inicial y Nayi aseguró que –sin que existiera requerimiento alguno– el camarista "compareció espontáneamente e incoporó al legajo correspondiente certificación de origen de fondos y acompañó documentación técnica sobre la adquisición, el origen de los fondos y los detalles de la compra de cada uno de los bienes registrables que integran su patrimonio".
Dijo que esto fue "a los fines de acreditar la correcta trazabilidad y transparencia de sus ingresos", y detalló que el camarista adjuntó sus declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, asó como acreditaciones y justificaciones de ingresos. "Sánchez Torres demostró que es absolutamente extraño a cualquier maniobra reñida con la ley y con cualquier tipo de irregularidad", dijo Nayi.
