Son la pareja más exitosa del sindicalismo de Córdoba. En estas casi dos décadas que llevan juntos al frente del sindicato de recolectores y barrenderos Surrbac, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone vieron crecer su presencia gremial, su influencia política, y además –como mostró una investigación judicial– pasaron a integrar el nutrido lote de los gremialistas argentinos millonarios.
En libertad desde el 2 de abril, cuando consiguieron efectivizar la fianza de 10 millones de pesos que le impuso a cada uno la Justicia federal, volvieron a sus hogares y les dijeron adiós a los siete meses de prisión que pasaron en la cárcel de Bouwer. Ambos, junto con otras 17 personas, continúan procesados por asociación ilícita, lavado de dinero, usura y defraudación en perjuicio de los propios afiliados que representan.
Una de las principales condiciones que deben cumplir Saillén y Catrambone para poder seguir en libertad es no concurrir al sindicato ni al resto de sus organizaciones vinculadas, como tampoco tener contacto con las personas involucradas en la causa judicial.
En el caso del sindicato, que se encuentra intervenido por el Ministerio de Trabajo de la Nación desde el 19 de febrero, sigue en actividad la comisión directiva que acompañó a Saillén y a Catrambone en la última elección, pese a que varios de ellos también integran la lista de procesados.
Pero los siete meses de cárcel de los principales dirigentes han tenido efectos internos en el sindicato, a partir del interrogante de quién seguirá a cargo de la conducción mientras sus dos principales dirigentes sigan procesados.
El actual mandato de Saillén, quien es secretario general del Surrbac desde 2002, se extiende hasta alcanzar los 20 años ininterrumpidos, en 2022. La intervención que encabeza el abogado Alberto Ramón Simón no tiene facultades para llamar a nuevas elecciones.
Desde que fue detenido junto con Catrambone a fines de agosto de 2019, fueron dos de los hijos de Saillén, el exlegislador provincial Franco Saillén y su hermano Juan, ambos vocales en los entes gremiales, los elegidos para hacerse cargo de conducir la actividad diaria.
Aunque la intención de los dos principales dirigentes fue que las cosas no cambiaran, comenzó a generarse una grieta interna en el sindicato. Los más “saillenistas” han comenzado a sacar a la luz un reproche hacia Catrambone, por la responsabilidad que habría tenido en el manejo de la gestión interna y de los gastos.
“Hoy se puede decir que estamos divididos”, dijo a este medio un delegado del gremio, cercano a Saillén. “Si bien aceptamos que los hijos del ‘Gordo’ (sobrenombre con el que se conoce al secretario general) se muestren a cargo y se saquen fotos levantando la basura y sean los que negocien, lo real es que hoy, para nosotros, no es lo mismo él que Catrambone”.
En ámbitos judiciales también se llegó a especular, semanas atrás, que Saillén podría haber obtenido la libertad antes que su socio, quien aparece más comprometido en algunas de las causas judiciales.
Por ejemplo, Catrambone también quedó imputado en febrero de 2019 entre los exfuncionarios municipales vinculados a la firma estatal Crese, en otra causa por supuesto lavado de dinero que investigó el fiscal Enrique Senestrari. Catrambone se desempeñaba ahí como director obrero.
En la misma comisión directiva que actualmente sigue a cargo del gremio, también se evidencia el clima diferente hacia los dos líderes.
Todavía nadie habla de que pueda generarse algún tipo de oposición, pero existen diferencias internas, que también se expresaron esta semana cuando algunos delegados no recibieron bien el hecho de que algunos de sus colegas salieron a pedirles dinero “en mano” a recolectores y a barrenderos cuando ingresaban a sus turnos de trabajo.
Como sindicato y mutual se encuentran intervenidos, y los dirigentes no pueden ir a reclamar viáticos ni dinero para gastos corrientes, como hacían antes, los delegados hicieron esta semana improvisadas colectas de plata en efectivo. En la empresa Lusa, por ejemplo, le pedían 200 pesos por cabeza a cada trabajador, al comienzo de sus turnos, con la explicación de que se usarían “para hacer donaciones”.
La explicación del tesorero
Juan Carlos Delgado, el tesorero del Surrbac y de la obra social que integra la lista de 19 procesados en la causa judicial más avanzada, fue uno de los directivos gremiales que mayores detalles ofrecieron a la Justicia a la hora de explicar su accionar y su patrimonio.
La Voz dio cuenta de que Delgado, además de tener una cuenta con U 400 mil dólares en una sucursal del Banco de Córdoba, es dueño junto con su esposa de un complejo turístico en Traslasierra.
El tesorero aportó una ampliación declaratoria de 30 páginas a la Justicia federal, el 11 de diciembre de 2019, en la que, además de negar su participación en cualquier tipo de delito, aportó documentación probatoria sobre cómo fue desarrollando su patrimonio.
Delgado, quien es tesorero del sindicato y de la obra social, aunque no contador, afirmó ante el juez Ricardo Bustos Fierro que nunca desempeñó tareas contables. Señaló los nombres de las personas que sí se encargan de dar los avales contables en cada institución, junto con comisiones fiscalizadoras.
En su declaración, Delgado cuenta que se negó a desempeñar el cargo de tesorero en la mutual, el ente donde se habrían producido los mayores desfalcos contra los afiliados del Surrbac. Afirma que tuvo “diferencias de criterios” con otros de los directivos gremiales y relata un episodio que involucra a otros dirigentes.
Dice Delgado que poco antes de la detención de Saillén y de Catrambone descubrió que el tesorero de la mutual, Juan Krainbuhl, otro de los procesados en la causa, firmó un recibo por la recepción de un pago del ente municipal Esop en concepto de “gastos abonados por la mutual por cuenta y orden del Surrbac”.
Se trataba de un monto de 7.264.505 pesos, contó Delgado, pese a que nunca hubo constancia de que alguien hubiera autorizado los gastos que explicaran esa cesión de fondos desde el sindicato a la mutual. El cheque por ese dinero que fue a la mutual no estaba endosado por Delgado, como correspondía, sino por Mauricio Saillén y por Pascual Catrambone.
Este hecho llevó a Delgado a presentar una denuncia judicial el 2 de agosto de 2019, y a reclamar a sus colegas de la mutual que le devolvieran el dinero, cosa que –señala– no ocurrió.
El mismo Delgado se defiende contando que también fue autor de sendos juicios contra la empresa recolectora Cotreco, debido a la retención de aportes en que habría incurrido la concesionaria, y también contra la Municipalidad de Córdoba por la deuda de aportes y contribuciones a la seguridad social.
Los abogados de Delgado, Facundo Amoedo y Alicia Vargas de la Silva, dijeron a La Voz que su cliente "puede explicar paso a paso cómo fue el desarrollo de su patrimonio" y ha dado muestras de haber "actuado correctamente cada vez que detectó alguna irregularidad".
