VTV e ITV. La RTO se convierte en otro foco de tensión entre Milei y Kicillof: Buenos Aires rechaza la reforma nacional
Desde la gestión del gobernador bonaerense advirtieron que los vehículos radicados en territorio bonaerense deberán seguir utilizando las plantas oficiales y que quienes recurran a talleres habilitados por Nación podrían ser sancionados.
A pocas horas de la entrada en vigencia del nuevo registro nacional que habilita a talleres mecánicos particulares a realizar revisiones técnicas vehiculares, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires reafirmó que no aplicará el nuevo esquema en su jurisdicción.
El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, aseguró que la medida impulsada por el gobierno de Javier Milei no tendrá impacto en la provincia porque la Verificación Técnica Vehicular (VTV) está regulada por una ley provincial.
"Todo vehículo registrado en provincia de Buenos Aires tiene que tener vigente la VTV de la provincia de Buenos Aires. No adherimos al decreto que sacaron en su momento", explicó el funcionario en diálogo con Infobae.
Advierten que podrían aplicar multas y retener vehículos
Desde el gobierno bonaerense señalaron que los conductores que realicen la revisión técnica en talleres habilitados únicamente por la nueva normativa nacional no estarán cumpliendo con la legislación provincial.
Fuentes cercanas al área de Transporte indicaron que un vehículo radicado en la provincia que presente una revisión realizada bajo el nuevo régimen podría recibir una infracción durante un control vial e incluso ser retenido por las autoridades.
Además, Marinucci defendió el esquema actual al considerar que la VTV constituye una herramienta fundamental para la prevención de accidentes.
"Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos", afirmó.
El debate sobre la autonomía provincial
La postura de Buenos Aires se apoya en la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias para regular aspectos vinculados al tránsito y la seguridad vial.
Desde la administración provincial remarcaron que ninguna ley o decreto nacional puede obligar a una jurisdicción a adherir a reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo si no existe voluntad política para hacerlo.
La controversia surge a partir del Decreto 196/2025, que creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos y habilitó a la Secretaría de Transporte de la Nación a registrar establecimientos aptos para realizar las revisiones técnicas obligatorias.
Caba avanza con la adhesión
Mientras Buenos Aires rechaza la iniciativa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó el proceso legislativo para adherir al nuevo sistema.
El Gobierno porteño envió a la Legislatura un proyecto para modificar la Ley 2.265 de Verificación Técnica Vehicular y permitir que concesionarias, talleres y otros establecimientos habilitados puedan realizar las inspecciones.
La propuesta también contempla la creación de un Registro Único de Talleres y la liberación de los precios de las verificaciones, eliminando la posibilidad de que el Estado establezca tarifas mínimas o máximas.
Mendoza ya aplica un modelo similar
Mendoza se convirtió en una de las primeras provincias en respaldar la desregulación impulsada por Nación.
Según explicó Orlando Corvalán, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial mendocina, la provincia ya funciona bajo un sistema abierto que permite habilitar talleres siempre que cumplan con los requisitos técnicos exigidos.
Actualmente Mendoza cuenta con 23 talleres autorizados para realizar revisiones técnicas, en un esquema que, según las autoridades provinciales, rompe con el modelo cerrado basado exclusivamente en plantas habilitadas mediante licitación.
Una nueva disputa entre Nación y Provincia
La discusión por la VTV suma un nuevo capítulo a los cruces entre la administración de Javier Milei y el gobierno de Axel Kicillof.
Mientras la Casa Rosada sostiene que la apertura del sistema permitirá aumentar la competencia, reducir costos y ampliar la oferta de servicios, la Provincia considera que la medida puede afectar la calidad de los controles y pone en riesgo un esquema que considera clave para la seguridad vial.
Por ahora, el nuevo modelo avanzará únicamente en las jurisdicciones que decidan adherir, generando un mapa regulatorio diferente según cada provincia del país.
