Río Cuarto: revocan el sobreseimiento de los exdirectivos de la empresa Gamsur acusados de evasión

La Justicia Federal revocó el sobreseimiento del delito de evasión fiscal que benefició a los exdirectivos de la empresa de recolección de residuos Gamsur que prestaba servicio en Río Cuarto durante la intendencia de Juan Jure.

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, con el voto del doctor Abel Sánchez Torres y la adhesión de la doctora Liliana Navarro, revocó la decisión del Juez Federal de Río Cuarto que había dictado el sobreseimiento de José Ernesto Lago y Rubén Omar Infante en orden al delito de evasión de IVA período 2010.

Según informó la Justicia Federal, también confirmó el sobreseimiento de los nombrados por la evasión de Ganancias período 2009 e IVA período 2010 por aplicación de la ley penal más benigna, en virtud de la modificación introducida a los montos mínimos para ser considerados un delito.

Con relación al IVA período 2010, el Juzgado Federal de Río Cuarto había considerado que los nombrados –en su carácter de directivos de la empresa de economía mixta, es decir, integrada parcialmente por la Municipalidad de Río Cuarto- no habrían sido los encargados del manejo contable de la empresa Gamsur SEM y, en consecuencia, no habrían sido responsables de los hechos que se les endilga.

Sin embargo, el juez Sánchez Torres consideró que la delegación de facultades y funciones de los directores en cuadros medios y bajos de gestión y ejecución de las tareas empresariales no excluye la responsabilidad penal por omisión de los directivos que conservan las facultades de actuación, vigilancia y control. Por lo tanto rechazó el sobreseimiento.

El juez ordenó continuar con la investigación. Gamsur SEM habría realizado operaciones con falsos proveedores catalogados como usinas duplicadoras de facturas apócrifas.

Paralelamente, de la verificación efectuada por el Fisco Nacional se detectaron irregularidades en las operaciones de compra con presuntos proveedores falsos, de acuerdo con lo informado por AFIP-DGI y según se sostuvo en la investigación a cargo de la fiscalía.

En su fallo, la Justicia Federal solicitó avanzar en conocer la verdad y las responsabilidades políticas que le cabría a funcionarios municipales de la gestión de exintendente Juan José Jure.

Para la Justicia, la designación de Lago en el cargo de director y presidente de Gamsur SEM -y su posterior reemplazo por el señor Diaz-, fue consensuada y dispuesta por quien fue entonces intendente de la Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto.

“No resultan suficientes las manifestaciones vertidas por los encartados acerca del ejercicio de funciones políticas y el desconocimiento de la materia tributaria para deslindar su responsabilidad penal, puesto que se trata de compromisos inherentes a la naturaleza de las funciones y cargos para los cuales fueron especialmente designados, si ello no se encuentra amparado en prueba concreta que permitan determinar que fueron otras personas quienes efectuaron las conductas ardidosas que se les atribuye en autos”, expresó el fallo.

Los informes remitidos por la Municipalidad de Río Cuarto indican datos de las personas que habrían estado a cargo del manejo de los aspectos contables e impositivos de la firma investigada -por caso el Estudio Busso-, dicha circunstancia no fue debidamente corroborada en la resolución apelada, ni tampoco fueron mencionados los profesionales que habrían contado con poder suficiente para representar a Gamsur SEM, de acuerdo con el cuadro probatorio existente.

Por último, se señaló que aunque Gamsur SEM no revista la calidad de persona jurídica estatal -según informó el director General de la Secretaría de Economía del ente Municipal-, lo cierto es que los servicios que tenía por objeto mantener operativo el servicio de alumbrado público y recolección de residuos en la ciudad de Río Cuarto, son de naturaleza pública y esencial, por lo cual su manejo y control correspondía también a la Municipalidad de Río Cuarto.

En este punto, se estimó útil y pertinente que se profundice la investigación a los fines de constatar la responsabilidad penal de los funcionarios encargados del área contable del Ente municipal y la eventual configuración de otros delitos susceptibles de persecución penal.