Remueven a Echegaray de la AGN por estar procesado
El auditor General de la Nación había acusado al ministro Prat Gay de tener una cuenta bancaria en Suiza. Para el juez Bonadio, instigó una falsa denuncia.
Buenos Aires. El juez federal Claudio Bonadio dictó el primer procesamiento contra el extitular de la Afip y jefe de la Auditoría General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, por considerar que instigó al falso testimonio a dos funcionarios menores, también procesados, para que involucraran al ahora ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, con una cuenta bancaria en el exterior. Bonadio procesó sin prisión preventiva a Echegaray y lo embargó en 20 mil pesos por considerarlo instigador de falsa denuncia y responsable de "violación de secreto", al haber ventilado datos tributarios reservados obtenidos de las autoridades francesas. El procesamiento y embargo alcanzó a Pedro Gustavo Roveda y Horacio Justo Curien, entonces subdirector de Fiscalización de la Afip y subdirector General de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del organismo, respectivamente. Además, ordenó enviar parte de la causa al juzgado nacional en lo Penal Económico 11, para que allí se investigue en base a un expediente ya existente si hubo delito a raíz del "uso indebido de datos" reservados entregados a los funcionarios argentinos por parte de Francia, en el marco de un convenio de prevención de la evasión fiscal. La resolución será apelada por Echegaray, pero el fallo ya generó reclamos de distintos sectores que piden su remoción como titular de la AGN. El Código Penal castiga con hasta dos años de prisión y cuatro de inhabilitación especial al "funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos", y también con hasta cuatro años de cárcel al que "afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente". En 2014 Echegaray viajó a Francia y regresó con un informe oficial del Gobierno galo del llamado "Caso Falciani", que destapó la existencia de 4.040 cuentas bancarias de argentinos en el banco HSBC de Suiza, con depósitos por 3.500 millones de dólares. En esa nómina, figuraba la empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, ya fallecida, y su nieta Amalia Amoedo, quienes en 2005 habían designado a Prat Gay como apoderado ante el HSBC y mandatario para el manejo de los fondos radicados en la cuenta. Roveda y Curien radicaron una denuncia penal contra Prat Gay y otros en el juzgado nacional en lo Penal Económico 3 por los supuestos delitos de "asociación ilícita" y "evasión fiscal" ya que, argumentaron, los fondos de Lacroze y Amoedo "no se encontraban declarados en su totalidad" en Argentina. Sin embargo, Prat Gay contraatacó denunciando penalmente a Echegaray, Roveda y Curien en la Justicia federal y alegó que él sólo era apoderado y no tenía "potestades ni facultades en materia impositiva o fiscal", al tiempo que aseguró que los fondos de Lacroze de Fortabat "estaban exteriorizados en Argentina". Ahora el juez Bonadio aseguró que, del análisis de las pruebas y testimonios reunidos en el expediente, surge que Echegaray y sus dos subordinados "realizaron forzadas y engañosas deducciones para incluir a Prat Gay en la denuncia" de evasión y "soslayaron los datos que tenían. Era más importante formular la denuncia penal contra Alfonso Prat Gay y darla a publicidad, que verificar que los hechos expuestos fueran lo suficientemente serios como para someter al nombrado a una investigación penal", arguyó. Sobre Echegaray, sostuvo que "fue él quien impartió la directiva de efectuar una falaz denuncia contra Prat Gay, imputándole hechos que sabía inexistentes, e instó a sus consortes a sostenerla y a declarar falsamente ante la Justicia". Además, Echegaray está imputado en la llamada "ruta del dinero K", porque se sospecha que protegió a la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez.
