Relativizan protagonismo de los obispos

Buenos Aires. El renovado protagonismo político que asumió la Iglesia Católica durante los últimos dos meses es atribuido por el Gobierno nacional a un sector minoritario de esa institución internamente enfrentado con el "bergoglismo" en ascenso. También, al supuesto propósito de ese sector de adquirir una mayor presencia pública en los asuntos políticos ante la proximidad del nombramiento de cardenal (o cardenales) por parte del papa Francisco en febrero próximo. Por lo demás, la Casa Rosada considera que la "relación institucional" con la Iglesia Católica "es inmejorable", según la definición que dio a este diario una alta fuente gubernamental conocedora de estas entretelas.

“Decidieron dar vuelta la página desde que se vieron en marzo”, apuntó la fuente, en referencia al cambio que se produjo tras la elección de Jorge Bergoglio como Papa y el viraje que dio la presidenta Cristina Fernández.

El viraje no resultó gratuito para el Gobierno nacional. La principal concesión que hizo a los obispos fueron los importantes cambios en el proyecto de unificación de los códigos Civil y Comercial que tuvo media sanción del Senado y que espera su tratamiento a partir de marzo próximo en la Cámara Baja.

El más relevante de esos cambios tiene que ver con el artículo 19, que establece el inicio de la existencia de la persona humana desde la concepción.

En el mismo sentido, los obispos lograron que se sacara del texto el alquiler de vientres y la fertilización post-mortem y hasta que se volviera a colocar la obligación de la fidelidad para los cónyuges unidos en matrimonio.

Desde comienzos de noviembre, hubo hechos políticos producidos desde la Iglesia Católica que, en algunos casos, fueron anticipados a la Rosada, pero en otros causaron sorpresa, cuando no malestar.

El primero de aquéllos fue el documento con el título “El drama de la droga y el narcotráfico” con el que los obispos cerraron su conferencia anual.

Subrayaron entonces que “Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno”, tras sostener que a esta “situación de desborde se ha llegado con la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes. La sociedad a menudo sospecha que miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios de la justicia y políticos colaboran con los grupos mafiosos”.

Además advirtieron que “si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias”, y pusieron el dedo en la ausencia de titular del organismo contra el narcotráfico (Sedronar).

La dureza del documento, de todos modos, no logró alterar al Gobierno. El presidente de la Conferencia Episcopal, el bergoglista José María Arancedo, le había anticipado el tenor del mismo.

De inmediato, la Rosada reaccionó con una jugada inesperada: la designación del cura Juan Carlos Molina al frente de la Sedronar.

Descolocó en un principio a los obispos, sobre todo al encargado de la Comisión de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, a quien desde el Gobierno se identifica como la cabeza del sector minoritario y opositor dentro del obispado. Lozano, aun así, reaccionó rápido y no sólo convalidó con su presencia en la ceremonia de jura el nombramiento de Molina, sino que fue el primer obispo al que recibió el flamante funcionario.

El afán gubernamental por contener a ese sector llegó al punto de que a pedido suyo, Lozano fuera recibido por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

El jefe de los ministros le confirmó que irá en junio a la reunión anual de la Pastoral Social en Mar del Plata, pero también le salió al cruce de definiciones políticas que Lozano hizo tras el encuentro, cuando señaló “deudas” en la política de inclusión social.

“Es bueno pensar una interpelación a la ética. Como católico practicante, le pido a la 
Santa Iglesia Católica que pongamos en el debate la corrupción empresarial”, replicó Capitanich.

*Corresponsalía