Un cambio de época. La Justicia Federal cordobesa está en plena reconfiguración, por la combinación de una serie de factores políticos y funcionales que dejarán una nueva estructura de poder. En la cumbre, está la disputa por las dos sillas vacantes en la poderosa Cámara Federal de Apelaciones de la Capital provincial.
La cartografía de ese nuevo mapa judicial está a cargo de Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación. Él estará en el centro de la negociación que definirá quiénes serán los dos postulantes cuyos nombres se estarán plasmando en sendos pliegos que irán al Senado.
Lo que viene es, seguramente, un toma y daca. Los seis nombres que estarán en debate ya fueron enviados por el Consejo de la Magistratura de la Nación al Poder Ejecutivo. De esos seis, Javier Milei elegirá a los dos que ocuparán las sillas vacantes de Luis Rueda (fallecido) y de Ignacio Vélez Funes, quien renunció en medio de un escándalo.
Las dos ternas están integradas, respectivamente, por el relator de la Corte Suprema tucumana Pablo Toledo, el abogado tributarista Germán Gianotti y la secretaria del juzgado federal N° 2 Soledad Mancini; y por el funcionario de la Defensoría pública José Belisle, el secretario de la Cámara Federal Manuel Celedonio Malbrán y el abogado penalista y exfuncionario Facundo Cortés Olmedo.
Dos abogados "de la matrícula" frente a cuatro funcionarios judiciales. No es una cuenta casual. Días atrás, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, en su discurso de asunción para un nuevo mandato se quejó por la preponderancia de los judiciales en la Justicia que arma Milei, con Mahiques como operador.
"No puede ser que en los 148 pliegos que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional al Senado prácticamente no existan abogados de ejercicio. Eso tiene que cambiar", dijo Bittar. Aunque en esos 148 pliegos no están los que corresponden a Córdoba, la frase fue una queja pública.
La Cámara Federal, en crisis
Los currículums de los postulantes son robustos. Al parecer, también todos ellos fueron sólidos en las entrevistas personales a las que fueron sometidos por la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, por la discrecionalidad que se da al Ejecutivo en el último tramo del concurso, ahora todo dependerá de recomendaciones e internas.
Altas fuentes judiciales que conocen las negociaciones de "última milla" del concurso 474, se inclinan por señalar a dos que tendrían una ventaja por sobre sus oponentes. Son datos subjetivos, cuya única posibilidad de confirmación será el día en que el Ejecutivo Nacional envíe los pliegos.
Aunque el Presidente no tiene plazos fatales para hacerlo, hay dos señales de alerta.
La primera es que el 15 de junio entrará en vigencia en Córdoba el nuevo sistema acusatorio, basado en la oralidad y con los jueces convertidos en árbitros de garantía (primera instancia), de revisión y de juicio.
Es uno de los grandes desafíos del Poder Judicial federal, por lo que las vacancias en la Cámara Federal de Apelaciones se vuelven críticas para la nueva organización del sistema y el armado de los “colegios de jueces” que deberán intervenir en los procesos judiciales.
La segunda alerta es que la Cámara Federal de Apelaciones atraviesa otra crisis. Su presidente, Abel Sánchez Torres, y su pareja, la camarista Graciela Montesi, son investigados por los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, bajo la sospecha de que manipularon el sistema para fallar juntos, a dúo, en causas “de mucha plata”. La lupa del Ministerio Público Fiscal está puesta sobre los bienes de la pareja.
Un cambio de época funcional y político en los Tribunales federales. Por eso, los tiempos para definir quiénes se sumarán a la Cámara Federal de Apelaciones apremian. De hecho, en el Consejo de la Magistratura especulan que los pliegos deberían salir de la Casa Rosada hacia el Congreso en 10 días. Pura especulación.
Lecturas políticas
En este contexto, y con el nuevo sistema acusatorio a la vuelta de la esquina, altas fuentes judiciales especulan que la definición del concurso 474 podría resolverse a favor de Soledad Mancini y de Facundo Cortés Olmedo, una funcionaria y un abogado de la matrícula. La conjetura tiene como principal base la lectura política de las relaciones de ambos.
En el caso de Mancini, secretaria del Juzgado Federal N° 2 desde 2017 y con una carrera judicial que inició en 1996 como auxiliar contratada del Juzgado Federal N° 3, abogaría por ella José Fabián Asís, juez del Tribunal Oral Federal N° 2, riojano como los influyentes Martín y “Lule” Menem.
Sin embargo, el dato central de Asís no es que haya nacido en Chepes, sino su avanzada contra Sánchez Torres y Montesi. Hace algunos meses, Asís cuestionó a la pareja "Sánchez Torres–Montesi".
Dijo Asís: “(La pareja) no sólo dificulta la toma de decisiones inherentes a cuestiones de Superintendencia de la Cámara, que consideramos no son de menor importancia. (...). A ello se agrega una cuestión de mayor valía, como lo son los planteos jurisdiccionales que podrían realizarse en relación con la imparcialidad (...), ya que “su participación jugará en el caso como mayoría automática”.
El otro nombre in pectore de las fuentes judiciales es el de Facundo Cortés Olmedo, primo hermano de Gonzalo Roca, el diputado nacional libertario y mano derecha de Gabriel Bornoroni, quien tiene su terminal en Karina Milei, vía los Menem.
Como "hombre del sistema", Cortés Olmedo tiene, además de su notable CV y de su amplia experiencia, más de un aval. Un breve repaso de su carrera política que inició a mediados de los años 1990 en la Franja Morada: funcionario del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, secretario de Gobierno de la Municipalidad local con Ramón Javier Mestre y vocal del Ersep por su partido, el radicalismo.
Los días dirán si estos son quienes cubrirán las sillas vacías de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. El tiempo apremia. Un cambio de época.
Otros cinco cargos en juego
Además de las vacancias en la Cámara Federal de Apelaciones, el Consejo de la Magistratura también concluyó el proceso de selección para ocupar una vacante en el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2.
La terna quedó conformada por Soledad Mancini, la misma que integra la terna para la Cámara Federal de Apelaciones; el secretario del Ministerio Público de la Defensa, Hugo Germán Burgos, y el juez federal de Bariloche, Gustavo Javier Zapata.
Además, hay otros cuatro concursos abiertos.
Para el estratégico Juzgado Federal N° 1, con competencia electoral, hay 57 postulantes. Martín Llaryora se ilusiona con algún abogado de su círculo para el cargo –Andrés Varizat, Ignacio Segura o Eugenia Trejo. Sin embargo, aún no hay terna.
Para el Juzgado Federal de Villa María, sí hay un listado provisorio. Lo encabeza Federico Robledo, funcionario del Ministerio de Justicia de la Provincia. Robledo también es una carta fuerte del Gobierno para ser juez electoral provincial. Le siguen Andrés Agustín Da Rold, quien asimismo quedó seleccionado para disputar el TOF de Paraná, y Facundo Sadi, secretario de ese juzgado.
Para el Juzgado Federal de San Francisco, la lista provisoria la encabeza Santiago Díaz Cafferata, secretario de ese juzgado, y le siguen Da Rold y Robledo. En los concursos para San Francisco y Villa María, el listado debe pasar por las impugnaciones y las entrevistas antes de la conformación de las ternas.
Además, se concursan dos vocalías para las vacancias de los tribunales orales 1 y 3 de Córdoba, concurso para el que hay 71 postulantes.
