Justicia. Rechazaron la probation de Guillermo Kraisman y quedó más cerca de un juicio por la empleada "fantasma"
La Justicia desestimó la oferta de reparación económica del exlegislador, que propuso pagar $ 2 millones y trabajos comunitarios. Su defensa casó la resolución ante el TSJ. Está acusado de tentativa de defraudación y por el robo de comestibles en un supermercado.
El dirigente peronista y exlegislador capitalino Guillermo Kraisman quedó más cerca de ir a juicio oral y público luego de que la Justicia de Córdoba rechazara su pedido de probation en el caso de la denominada "empleada fantasma" de la Unicameral. Además, la resolución alcanza a otro hecho que se le imputa, el del robo de productos en un supermercado, ya que ambas causas fueron unificadas por la Justicia.
Aunque la defensa del puntero del PJ ya interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la decisión judicial de la Cámara Décima del Crimen de rechazar el pedido de suspensión de juicio a prueba pone a Kraisman más cerca de estar en el banquillo de los acusados por tentativa de defraudación, en el caso de la Legislatura, y hurto, por la sustracción de artículos comestibles en una sucursal de la cadena Mariano Max.
Los motivos del revés judicial para Guillermo Kraisman
El fiscal de Cámara, Fernando López Villagra, emitió un dictamen negativo a la requisitoria de la defensa de Kraisman. El funcionario judicial fundamentó la resolución dictada por el juez Juan José Rojas Moresi.
"El código nos permite en ciertos delitos que no son graves a llegar a algunos institutos alternativos antes de un juicio y una condena para imputados que cometen un primer hecho y que que no sea de gravedad como en este caso. La pena no es muy alta porque es una tentativa de defraudación", explicó López Villagra.
No obstante, según indicó el fiscal a El Doce, aunque la expectativa de pena del delito permitiría el beneficio de la probation, el rechazo se basó estrictamente en razones de "política criminal".
López Villagra justificó la negativa al asegurar que el accionar del dirigente "ha perjudicado la credibilidad y la confianza pública en el sistema de acceso a cargos a la Legislatura".
Asimismo, el funcionario judicial remarcó la necesidad institucional de realizar un debate plenario para dilucidar los hechos y determinar si existen otros partícipes involucrados.
La propuesta económica de la defensa
Para evitar la continuidad del proceso penal, Kraisman había propuesto realizar tareas comunitarias en una asociación civil y pagar una compensación al Estado.
Según la presentación oficial, la oferta consistía en abonar hasta dos millones de pesos, divididos en 12 cuotas, a modo de reparación por los daños causados.
Tras la negativa judicial, el abogado defensor del exfuncionario, Diego Casado, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) bajo el argumento de "indicios de arbitrariedad" por parte de la fiscalía en la resolución.
Según pudo saber La Voz, la estrategia de la defensa de Kraisman es dilatar todo lo que se pueda la causa a través de recursos con el objetivo de evitar la realización del juicio oral.
"Si el TSJ rechaza el recurso de casación, vamos a presentar la nulidad de la causa cuando vuelve a la Cámara", dijo a este medio Casado, quien aseguró que "no hay posibilidades" de que el juicio oral se concrete en el corto plazo.
Enterado del rechazo al pedido de probation, Kraisman dijo a su círculo íntimo que en caso de llegar a juicio oral expondrá a las autoridades de la Unicameral que tenían responsabilidades administrativas en el Poder Legislativo al momento del escándalo con la falsa empleada.
Ese punto es el que más preocupa al oficialismo que nunca terminó de personalizar la responsabilidad de quienes habilitaron la contratación de la mujer por la que Kraisman intentó cobrar el sueldo en una sucursal de Bancor.
El escándalo de la “empleada fantasma”
La acusación central que enfrenta Kraisman es por el delito de tentativa de defraudación calificada contra la administración pública provincial.
El caso se originó a raíz de una denuncia por el accionar del puntero del PJ, que fue detenido in fraganti en una sucursal del Banco de Córdoba de barrio General Paz intentando cobrar el sueldo de una supuesta trabajadora de la Unicameral utilizando un DNI falso a nombre de Virginia Martínez.
De acuerdo con el Código Penal, el intento de estafa prevé penas que oscilan entre uno y tres años de prisión.
Robo de fiambres y agresión policial
El segundo expediente que complica la situación judicial de Kraisman se remonta a septiembre de 2024 en un supermercado de la cadena Mariano Max de barrio Ampliación San Fernando.
El dirigente fue interceptado por la seguridad del establecimiento cuando intentaba llevarse sin pagar un blíster de bondiola, jamón crudo, mermelada y cerezas.
Al ser demorado en la línea de cajas, el exfuncionario reaccionó de forma violenta y arrojó el frasco de cerezas contra los efectivos policiales.
