Que se hagan agua los helados
A ciegas, una mayoría política –que incluye a algunos temerosos de que la policía ideológica del “relato” los marque como “buitres internos”– va a respaldar esto como hecho consumado.
Argentina no fabrica dólares, euros ni yenes. Ya se ha dicho. Por eso, tiene sólo tres formas de obtenerlos: exportando más de lo que importa; atrayendo más inversiones de afuera que las divisas internas que se van; alquilando esas divisas. Esto último significa pedirlas prestadas. No es gracioso quedarse sin divisas. De hecho, después de desperdiciar océanos de dinero y terminar la década más favorable de la historia con inflación, recesión y devaluación, el propio gobierno de Cristina Fernández trató en el último año (tarde) de reabrir el acceso al crédito. Fracasó cuando –tras años de creerse que había hecho "el canje más exitoso de la historia" e ignorar a los holdouts – la Justicia estadounidense desbarató la reestructuración de deuda con un fallo paradójico: Si lo paga antes del 1° de enero, Argentina afronta el riesgo de que sus bonistas reestructurados reclamen el mismo beneficio que obtendrían los llamados "buitres". Si lo paga después del 1° de enero, corre el riesgo de que, de acá a fin de año, los bonistas se harten de no cobrar y se declaren en default. Si no lo paga, va al default con los bonistas reestructurados que no podrán cobrar, a menos que acepten hacerlo en Buenos Aires, y entra en desacato con la Justicia a la que ella misma se sometió voluntariamente. Había una puerta de salida: bancos nacionales y extranjeros trataron de comprar el juicio a los buitres para, luego, pedir a Griesa una cautelar que permitiera retomar los pagos a los bonistas reestructurados hasta el 1° de enero, cuando caía la cláusula Rufo. Obvio: querían cobrar los 1.500 millones de dólares que ellos les iban a pagar a los buitres y no los 300 de la oferta argentina de sumarse al canje.Pero en su último día en Nueva York Axel Kicillof dijo que ni antes ni después del 1° de enero se pagaría esa suma. La negociación abortó. No fracasaron los bancos, como dice Cristina Fernández. La hundió el Gobierno.Cada alternativa tiene costos y beneficios eventuales, de corto y de largo plazo (en los últimos pocos reparan). Deben ser muy difíciles de mensurar porque, hasta ahora, que se sepa, sólo Germán Fermo, director de la maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, ensayó un cálculo. Fermo prende una vela y apuesta a que los bonistas no se declaran "defaulteados" y que Argentina pague el 1° de enero a todos los holdouts : son 10 mil millones de dólares (es más, pero al resto igual lo cobrarían si se sumaran al canje 2010, como les propuso el Gobierno). Y estima que, sin default , en los próximos 10 años los sectores público y privado tomarían préstamos por unos 200 mil millones de dólares a tasas 5 puntos menores por haber evitado el descalabro, en cuyo caso se ahorrarían 57 mil millones a nivel presente.Para las otras dos alternativas no se conocen estimaciones de este tipo. El proyecto de ley que la Presidenta –quien siempre se creyó que estaba de vuelta– manda al Congreso, ahora que las papas queman, avanza en la última vía, la del desacato. A ciegas, una mayoría política –que incluye a algunos temerosos de que la policía ideológica del "relato" los marque como "buitres internos"– va a respaldar esto como hecho consumado.Es bueno que lo sepan: así, a los dólares que se necesiten deberemos conseguirlos atrayendo inversiones y exportando, con caro acceso al capital. Implica salarios y gasto público bajos, como en el post-2001. No es lindo.
