La gestión de la ciudad de Córdoba se ha convertido en un problema mayúsculo para el oficialismo provincial, que ha salido al rescate con $ 18.450 millones en un plan de emergencia vial y, lo más reciente, la delegación en Epec de buena parte del alumbrado público y reconstrucción de mobiliario de 65 plazas, por $ 7.450 millones.
El problema le pega a Martín Llaryora por partida doble. Primero, porque una muy mala elección en la ciudad implicaría compensar de manera contundente con el interior, algo que no luce fácil para el peronismo cordobés. En 2019, cuando Juan Schiaretti fue reelegido con el 57%, cosechó 1.101.960 votos, de los cuales 382.718 provinieron de Capital. En 2023, Martín Llaryora ganó la gobernación con 870.935 votos válidos, de los cuales 333.480 los aportó la Capital.
De una elección a otra (si bien hay otros factores que influyen) los votos en el interior cayeron 25,3% y los de Capital, 12%. Y todavía no había irrumpido el fenómeno Milei.
Si bien Llaryora viene desde hace semanas con anuncios diarios para el interior, la matemática electoral no le sonríe: en 2026, 18 de 26 departamentos se tiñeron de violeta.
En segundo lugar, la ciudadanía asocia que Llaryora es el responsable del “problema Passerini”. Algunos entienden que el exviceintendente gobierna hoy la ciudad porque fue Llaryora quien dijo que una dupla del mismo signo redundaría en grandes resultados para la ciudad. Eso no pasó: no se ve ni la dupla ni los resultados.
El intendente puede ser percibido como alguien de buenas intenciones, pero los cordobeses ya le facturan que con las buenas intenciones no se gobierna. Hay que meterle plata, tiempo y mucha cabeza a la gestión.
Se presumía desde hace meses que el detonante iba a ser el transporte público de pasajeros, y así fue. El municipio debía en 2023 abocarse a la redacción de un nuevo marco regulatorio y la posterior licitación del servicio, que vencía en febrero de 2024. Mandó el marco regulatorio al Concejo Deliberante, se consensuó, pero no avanzó. Llegó febrero, Ersa dijo que su contrato había llegado a su fin y se fue, sin aceptar la extensión de contrato en modo precario por un año. Era una posibilidad.
Abrumado, el municipio tuvo que salir a cubrir los corredores de la empresa más grande de la ciudad y hasta le alquiló los 350 coches de Ersa. La Municipalidad dice que desde diciembre de 2024 ya no alquila colectivos.
Le amplió corredores a Coniferal y dio a SiBus las líneas 5 y 8. SiBus está conformada por las empresas Sarmiento e InterCórdoba, nucleadas en la Federación de Empresarios del Transporte de Pasajeros (Fetap, la misma que presentó la polémica tarjeta TIN), a la que le dieron 160 buses de la estatal Tamse, más 20 que trajeron propios, usados. Baja inversión, sí; aunque acorde con la urgencia del momento.
Nota al pie: nunca el municipio abrió el juego a las empresas de Asetac; siempre todo fue con Fetap. Hay algunas compañías que dicen que les interesaría participar en la ciudad, y otras externas, como Vía Bariloche, que también ven con apetito la Capital.
Entonces llegamos a hoy: todo parchado. Sin convocatoria a licitación y con el servicio bajo emergencia desde 2020, lo que agrega una gran cuota de discrecionalidad al manejo del sistema. No se conocen los contratos; no se sabe qué pone el municipio. Cada vez hay menos pasajeros. Y de los que hay, 60% que sube tiene boleto subsidiado, al 50 o al 100 por ciento.
Lo poco que puede ofrecer el municipio es contrato precario. Encima, le juega en contra el reloj, porque Passerini no estará más en diciembre de 2027. No es lo mismo para una empresa contar con un contrato a largo plazo como garantía para comprar coches que tener algo precario de 12 meses. No sobra el crédito en el país.
Vamos al caso FAM. En la urgencia, allá en 2024, el intendente se entusiasmó con Cristian D’Alessandro, porque decía tener la venia de Fonobus y de los mismísimos José y Ángel Faijá, dueños de Dota, una empresa del conurbano bonaerense que tiene 4.000 coches, 15 mil choferes y 68 líneas. Le dieron entonces 40 coches de Tamse y 200 alquilados de Ersa. Nunca llegaron los buenos de Dota: la empresa argumentó que no pondría plata sin licitación. Ahora le enviaron una nota al municipio diciendo que sí están dispuestos a participar en Córdoba, pero si se les mantienen los tres corredores y por 18 meses.
Y acá viene el misterio de las llaves. Algunos dicen que es una apretada de FAM para que se dé pronta y afirmativa respuesta a la propuesta de Dota. Otros dicen que es la misma UTA, que no quiere que desembarque Dota en Córdoba. Y la conjetura es verosímil, porque Dota viene de la mano de Miguel Bustinduy, la oposición a Roberto Fernández en UTA nacional.
Entonces, el municipio estaría jugando a favor de UTA porque, dicen, prefieren tener el problema en el 30% del transporte y no en el otro 70%. Es curiosa la empatía municipal, porque Bustinduy es de los que no hace paro.
En la Ciudad aseguran ahora que FAM-Dota está caída y que la línea 5 iría a Sierras de Calamuchita (si es que mantiene su interés) y la 7 a SolBus, una empresa de San Luis que cuenta con 75 coches con dos años de antigüedad, por una licitación fallida.
En la Provincia creen que no puede venir del lado de Passerini otra piña más. El transporte, en una elección que ya empieza a asomarse, es clave. Se puede poner plata para el bacheo, se pueden mejorar las plazas, pero no es posible hacer que 800 colectivos pasen en tiempo y forma por cada una de las paradas de la ciudad.
