Principio de publicidad y acceso a la información

La muerte trágica del fiscal Nisman puso en el centro del debate uno de los problemas más serios de la democracia argentina: la autonomía del sistema de Inteligencia. La relación de cooperación y extorsión entre la ex-Side y sectores de la Justicia federal y el poder político condujo a la impunidad de hechos graves y afectó la vigencia de los derechos humanos. La media sanción del Senado a una ley que mejora el sistema de Inteligencia nacional es un paso significativo para desandar este camino. Las reformas que el Cels propuso y que fueron, en buena medida, tomadas por las comisiones contribuyen a transformar el funcionamiento históricamente opaco y antidemocrático de los servicios de Inteligencia.Esto que nosotros venimos señalando desde hace años no es desconocido para la clase política. Que algunos partidos políticos se ausenten del debate parlamentario y amenacen con derogar la norma en un futuro expresa una falta de compromiso con la solución de los problemas de fondo y contribuye a mantener el statu quo de la ex-Side.A partir de nuestra participación en distintos casos que nos mostraron las aristas problemáticas de los servicios, elaboramos la serie de críticas y aportes que hicimos al primer proyecto de ley. El más conocido de estos casos es el del atentado a la Amia. Hace diez años, representamos a Memoria Activa en la causa contra el Estado argentino por privación de justicia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para buscar justicia, era necesario terminar con el funcionamiento que tenía la secretaría de Inteligencia, porque su rol en la investigación del atentado implicó maniobras para garantizar la impunidad. El encubrimiento del atentado se explica por la relación de la Justicia federal con la ex-Side, como lo evidencia el hecho de que el exjuez Galeano y los fiscales Mullen y Barbaccia están acusados en un juicio que deberá empezar a mitad de año.En 2006, distintos medios de comunicación revelaron que un diputado nacional había sido agente de la Side en los últimos años de la dictadura. Desde el comienzo de la democracia, nos preguntamos por qué no es pública la información sobre los agentes que actuaron durante el terrorismo de Estado. El proyecto que votó el Senado obliga a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a pautar un nuevo régimen de personal que privilegie el principio de que lo público sea la regla y el secreto, su excepción. Incorporó, además, la posibilidad de separar a algunos funcionarios que vienen trabajando en la SI a través de un mecanismo de "jubilación extraordinaria".También en 2006, recibimos en el Cels la denuncia de un cabo de la Armada: sus superiores le ordenaban realizar tareas ilegales de espionaje en la Base Almirante Zar, en Trelew. El juicio por las responsabilidades del exjefe de la Armada, almirante retirado Jorge Godoy, y su segundo, el vicealmirante retirado Benito Rótolo, comenzará este miércoles 18 de febrero.El proyecto que tuvo media sanción establece un principio de publicidad en materia de acceso a la información y contribuye a transparentar la utilización de los fondos reservados. Un tema central si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la ley vigente fue sancionada tiempo después de que el dinero para pagar las coimas de la tristemente conocida "Ley Banelco" saliera de la Side.Además, acotó el concepto de Inteligencia nacional, traspasa la unidad que realiza las interceptaciones telefónicas al Ministerio Público Fiscal y prevé aplicar a los agentes de Inteligencia las mismas reglas procesales que a los otros auxiliares de justicia en investigaciones criminales. La eventual aprobación por la Cámara de Diputados es un paso fundamental. Las organizaciones y las fuerzas políticas deben comprometerse con las siguientes etapas: la reglamentación, el funcionamiento de la AFI y los mecanismos institucionales de control.

*Centro de Estudios Legales y Sociales