Denuncia. Presentaron un proyecto para quitarle la jubilación de privilegio a Alberto Fernández
Se trata de dos articulados diferentes impulsados por los diputados Silvana Giudici y Damián Arabia, del PRO. Dispone, además, la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos a quienes ejerzan violencia.
Un grupo de diputados nacionales del PRO presentó en las últimas horas dos proyectos de Ley con el fin de quitarle al expresidente Alberto Fernández la pensión de privilegio, los honores y la custodia que tiene por haber sido Presidente.
Las iniciativas son impulsadas por los diputados Silvana Giudici, Damián Arabia y un grupo de 12 legisladores del bloque.
La presentación surgió a partir de la denuncia que Fabiola Yánez, ex primera dama, le realizó a Fernández por violencia de género.
Los legisladores pidieron la modificación de la Ley 24.018, de Jubilaciones y Pensiones, que en su artículo primero hace referencia a, “el Presidente, el Vicepresidente de la Nación y los Jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo a partir del cese en sus funciones”.
La diputada Silvana Giudici dijo que “la norma se ha fundamentado no sólo en aspectos fácticos vinculados al desgaste propio y específico en las personas que se desempeñaron como cabeza de los poderes del Estado, sino que lleva implícito el reconocimiento de todo el pueblo argentino de la dignidad y honor propios de aquellas altas investiduras”.
Condena firme en segunda instancia
El proyecto señala que se quitarán los privilegios mencionados cuando haya condena firme en segunda instancia. Y enumera los siguientes delitos cometidos por el exmandatario que fuere condenado: causas de corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público, delitos contra la integridad sexual.
El proyecto tomó estado parlamentario y se espera que sea girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Previsión social y Legislación Penal.
Inhabilitación para ejercer cargos públicos
El proyecto agrega la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a quienes ejerzan violencia de género o violaciones (también cuando exista una condena en segunda instancia judicial). “Es necesario evaluar los privilegios otorgados en función de la condena a la que se arribe en ámbito judicial”, argumentan los legisladores en los fundamentos.
