Polémica, en el final de una apática campaña

La campaña electoral provincial terminó con la misma temperatura de estos gélidos primeros días de julio. Este epílogo abúlico fue zamarreado en las últimas horas por una preocupante sospecha sobre el escrutinio que instaló la UCR y el juecismo.

La presentación de la fuerza que encabeza Oscar Aguad como candidato a gobernador y algunas llamativas declaraciones de algunos de los miembros del Tribunal Electoral Provincial generan dudas sobre el conteo de votos, que no favorecen al proceso electoral. No deja de llamar la atención que Juntos por Córdoba decidió hacer esta inquietante presentación (no se trató de una denuncia, sino de un pedido de información) ante el Tribunal Electoral, a sólo 48 horas de que se abrieran los comicios que proclamará a un nuevo gobernador.Con sentido común, los funcionarios judiciales se encargaron de remarcar que los apoderados de la triple alianza que integran el radicalismo, el macrismo y el juecismo se preocuparon por el escrutinio, pocas horas antes de la elección, cuando la campaña está en marcha desde hace varios meses.Desde la fuerza que aglutina a radicales, macristas y juecistas argumentaron que la Justicia electoral no respondió los distintos pedidos de información y que no le quedó otra alternativa que hacer una presentación de manera pública, pocas horas antes de la votación.Aunque el Tribunal Electoral Provincial respondió los planteos mediante un escrito –en privado y no tanto– los funcionarios judiciales reaccionaron con furia ante la sospecha que intentó instalar el frente opositor. Encuestas y enojo Desde los Tribunales aseguran convencidos que supuestamente las encuestas no le estarían dando bien y que por eso Aguad trata de instalar sospechas sobre el escrutinio. "Más que dudas por el escrutinio, Aguad tiene miedo de hacer un papelón en las elecciones del domingo (por mañana) y trata de sembrar sospechas infundadas", dijo un funcionario judicial que suele difundir con exactitud el pensamiento de la mayoría de los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Los funcionarios judiciales están convencidos de que detrás de la presentación que realizaron los apoderados de la alianza opositora está la mano de Luis Juez. Al senador nacional le apuntan, sin mayores pruebas. Es una demostración de que aún quedan heridas del polémico escrutinio de 2007, que proclamó ganador a Juan Schiaretti, por el exiguo margen de 17 mil votos, en medio de denuncias de fraude impulsadas por Juez, por entonces candidato a gobernador por el Frente Cívico.Hacia Aguad también disparan dardos desde Tribunales. Aseguran que la jueza electoral Marta Vidal fue designada por el entonces gobernador radical Ramón Bautista Mestre, gestión de la cual el actual candidato a gobernador era un funcionario político importante. Luego de una de las campañas electorales más apáticas de las últimas tres décadas, la presentación de Juntos por Córdoba armó un revuelo por el escrutinio, que en Córdoba tiene una historia reciente caliente. Sin apuntar a un único culpable, porque hay responsabilidades compartidas, este episodio marca que las instituciones de Córdoba no aprendieron la lección de la crisis que generó el polémico escrutinio del año 2007. En aquella elección, Juan Schiaretti recién pudo ser proclamado gobernador, 45 días después de un escrutinio que dejó demasiadas dudas.Otro antecedente más reciente tampoco ayuda a calmar los ánimos. En el año 2011, el resultado fue amplio en favor de José Manuel de la Sota y no hubo polémica porque esta vez Juez, como principal opositor, reconoció la derrota muy temprano. Pero, a la medianoche, los datos oficiales apenas alcanzaban el 30 por ciento del padrón electoral. Un resultado ajustado hubiera generado otro escándalo.Más allá de algunos puntos débiles en la presentación, hay consultas que sirvieron para clarificar algunos puntos, que el Tribunal Electoral no había informado. Recién ayer a la tarde, luego de las quejas del frente opositor, están disponibles los datos de los Fiscales Públicos Electorales (Fipe) en el interior, donde vota el 61 por ciento del electorado.La ley especifica que esa información debe estar disponible 30 días antes de los comicios, pero recién se conocieron a 48 horas de la votación y luego del cruce con radicales y juecistas.Con este panorama, parece que la única garantía de que no habrá discusiones en la noche del domingo es que haya un claro ganador, por una amplia ventaja. Si el resultado es apretado, la polémica estará servida, una vez más.