Piden investigar el asesinato de un funcionario judicial en 1977

Lunes 12 de diciembre de 1977. Como de costumbre, Nicolás Luis Alberto Moreno (33), este joven abogado soltero, nacido en la ciudad catamarqueña de Andalgalá, se levantó muy temprano. Se duchó, desayunó en el departamento 15 del edificio ubicado en calle Entre Ríos 595, en el centro de la ciudad y a escasos 200 metros de la Seccional Primera de Policía.

Eran las 6.25 cuando salió para cumplir con sus tareas habituales como secretario del Juzgado de Instrucción de Novena Nominación, en el segundo piso del Palacio de Tribunales, sobre calle Duarte Quirós. Moreno no alcanzó a dar cinco pasos. Un vehículo color blanco, detenido frente al edificio, se puso en marcha. Lo ocupaban tres policías disfrazados de mujeres, con pelucas y rostros maquillados. El que iba atrás, con la ventanilla baja, le disparó con una escopeta en dos oportunidades. A lo único a que atinó la víctima fue cubrirse el abdomen con una mano y apoyarse contra la pared. Lentamente se deslizó al piso. Agonizaba. En la vereda quedaron su portafolios y los anteojos.

Al cabo de unos días apareció el auto abandonado y la escopeta utilizada para ejecutar al eficiente funcionario judicial. A poco más de 37 años de aquel asesinato mafioso, Esteban Rafael Ortiz, abogado y asesor letrado penal del 22° Turno del Poder Judicial de la provincia, se presentó ante la fiscal federal Graciela López de Filoñuk para denunciar a personal policial y del Tercer Cuerpo de Ejército por el asesinato del funcionario, como así también "a los responsables del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba que fueron cómplices en encubrir y ocultar a los autores y responsables del crimen".

Ortiz pidió que se iniciara una investigación en el fuero federal porque se trata de un delito de lesa humanidad que ha quedado impune. El denunciante explica que Moreno fue víctima de un atentado previamente planificado por los policías, porque lo consideraban un "obstáculo" para la práctica represiva de la época.

Moreno acostumbraba a caer sorpresivamente de visita en distintas comisarías durante los fines de semana y días feriados, para controlar el estado de los presos alojados en esas dependencias. Con esa práctica, su interés por evitar abusos y apremios ilegales, fue su certificado de defunción.

El denunciante narra los resultados de una investigación realizada por su cuenta, después de la muerte de Moreno y el deceso de sus padres, ya que se había quedado sin familiares que reclamaran justicia.

"El rol cómplice del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba con el terrorismo de estado se manifestó en múltiples formas de parte de sus autoridades -Tribunal Superior de Justicia nombrado a partir de 1976-, como de los tribunales inferiores. En tal sentido, al supuesta investigación sobre este homicidio político no arribó a resultado alguno más allá de haberse producido el secuestro del vehículo y las armas que se habían utilizado para cometer el mismo, sin imputarse a persona alguna ni arribar a determinar responsabilidad ninguna, no obstante que era de público conocimiento que fue personal policial que respondía a las órdenes del genocida (Pedro Raúl) Telleldín el que había cometido dicho ilícito".

"No casualmente -explica Ortiz en su denuncia- la causa por el homicidio del Dr. Nicolás Moreno, hasta el día de la fecha, pese a las búsquedas en el Archivo Judicial y las averiguaciones de los funcionarios intervinientes, no apareció".

Acto seguido, el denunciante alude al Acuerdo N° 124 del TSJ del 26 de junio de 1978, donde "destaca la independencia e imparcialidad conque han actuado el Poder Judicial en todo momento, así como la entereza y la mesura con que afrontó el vandálico asesinato del Secretario del Juzgado de Instrucción de Novena Nominación, Dr. Nicolás Luis Alberto Moreno, aún no esclarecido. Pública adhesión de VE al duelo ocasionado por hecho tan repudiable y la ayuda prestada a sus deudos compromete la gratitud de todos los integrantes del Poder Judicial". "Cómo habrá sido la complicidad de este Alto Cuerpo, que por Acuerdo N° 145 del 25 de agosto de 1978 dispuso lo siguiente: \'Visto nota presentada por Alberto Benildo Moreno, padre del exsecretario del Juzgado de Instrucción de Novena Nominación (Nicolás Luis Alberto Moreno) solicita se le abone indemnización por muerte en servicio de su hijo, resuelve: incompetencia para resolver asunto, remite al Ministerio de Gobierno".

El asesor letrado Ortiz comenta que el crimen fue investigado por el Juzgado de Instrucción de Quinta Nominación y que en una entrevista con quien fuera secretario, Jorge Juan Moya, el 24 de noviembre de 2004, éste le comentó que cumplió diligencias hasta su ascenso a la Cámara Octava del Crimen alrededor de 1983. "Me manifestó que el juez LLoveras \'planchó\' la causa, como Mallía -fallecido- y el Dr. Martínez Iraci colaboró también".

Moya -también fallecido- le confesó a Ortiz -según su denuncia- que "se empezó a sospechar de la Policía de la Provincia, donde estaba Telleldín, como la autora de su homicidio, ya que el Dr. Moreno era de concurrir a las seccionales en los fines de semana o días festivos y esa presencia de control molestaba a la policía". Ortiz cuanta que Moya se refirió a un episodio puntual cuando acompañado del juez Zapata concurrieron a una entrevista con el comisario Telleldín. En esa reunión Moya dijo que concurriría al departamento de Moreno para realizar una inspección, pero Telleldín le dijo que no lo hiciera porque ellos estaban investigando todo.

En su denuncia, Ortiz aporta pruebas documentales y nombres de funcionarios judiciales dispuestos a declarar. Pide además que se oficie a la Policía para que informe de las constancias de las comunicaciones policiales del día 12 de diciembre de 1977 y si los libros respectivos de novedades de Jefatura, D-2 y Comisaría Primera ya se encuentran secuestrados, la dependencia judicial donde se hallen actualmente. Solicita que se oficie al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba para que remita los autos tramitados con motivo del homicidio de Moreno y también las constancias de servicios que prestó la víctima.

Homenaje que no fueEn la denuncia presentada a la fiscal Graciela López de Filoñuk, el asesor letrado Esteban Rafael Ortiz se lamenta porque el TSJ, en acuerdo 676 Serie "A", del 15 de noviembre de 2004, a pedido de varios funcionarios para que se hiciera un reconocimiento y homenaje al secretario Nicolás Luis Alberto Moreno, se ordenó la colocación de una placa en el edificio de Tribunales II. Hasta la fecha no se hizo el acto de homenaje ni se colocó la placa.