Municipalidad. Passerini cierra dos frentes judiciales y se caen denuncias de Juez y Piguillem
La Justicia desestimó las demandas por el uso de los subsidios al transporte y por el alquiler del edificio de Sucre y La Rioja.
La Municipalidad de Córdoba cerró dos frentes judiciales: la Justicia dispuso desestimar sendas denuncias que habían sido presentadas por Luis Juez y por el concejal radical Sergio Piguillem. La primera era por una supuesta defraudación en el manejo de los subsidios nacionales al transporte durante la gestión de Martín Llaryora; y la restante, por el alquiler de una sede para el ente de control Municipal en la actual gestión.
En el primer caso, se trata de una presentación que Juez hizo ante la Justicia Federal y que el fiscal Enrique Senestrari remitió al fuero provincial por estar denunciados funcionarios municipales. El fiscal del fuero Penal Económico Franco Mondino, no encontró figura penal para encuadrar los hechos, por lo que se presume que no se configuró delito alguno.
En su denuncia, Juez aseguraba que cuando Tamse se hizo cargo de prestar servicios en corredores concesionados a Ersa, en el marco de la crisis de la empresa correntina, ésta siguió percibiendo los subsidios nacionales.
Con esos fondos, Tamse habría hecho un rulo financiero durante los 35 días que pasaban entre que Ersa percibía el subsidios nacional y pagaba la factura a Tamse por los servicios prestados en los corredores 600, 601, 53, 54 y Aerobus. Desde un primer momento, Senestrari sostuvo que la denuncia de Juez "no tenía mucha prueba".
El actual titular de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, era el secretario de Transporte municipal al momento en que Tamse firmó el acuerdo de colaboración con Ersa, por lo que el cierre de la causa es una buena noticia para él.
La denuncia radical
Por su parte, el fiscal en lo Penal Económico Matías Bornancini tampoco encontró delito alguno en el alquiler de un inmueble ubicado en Sucre y La Rioja por parte del Ente de Control y Fiscalización Municipal.
De acuerdo con el fiscal, "se concluye sobre la inexistencia del delito alguno, por la evidente discrepancia entre el relato de la denuncia y la realidad fáctica demostrada".
Y agregó el fiscal: "Conforme la prueba, no surge la comisión de ilícito alguno, como así también la inexistencia de fallas administrativas o irregularidades procedimentales. Todo lo actuado se ajusto a derecho, y a las necesidades imperantes que demandaba el Ente".
La denuncia del concejal radical ponía en tela de juicio el uso de 200 millones de pesos para la refacción, equipamiento y alquiler del inmueble, sobre todo por el tiempo que permaneció sin ocupantes.
Sin embargo, al desestimar la denuncia, Bornancini sostuvo que no hubo ociosidad –porque se realizaron tareas de refacción en el período en que no estuvo habilitado– y aseguró que el alquiler de ese inmueble fue beneficioso para el erario público "al ahorrar en los alquileres de otras áreas" que fueron trasladadas a el mencionado edificio.
