Para avanzar, nada mejor que un veedor de la OEA

Despolitizar. Ese fue el pedido que les hizo por igual al Gobierno y a la oposición la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. La funcionaria judicial hizo este pedido sobre el avance de la investigación judicial de la muerte de su exmarido, el fiscal Alberto Nisman, al sorprender con su presencia en la audiencia pública convocada por la oposición, el jueves pasado, en el Salón Azul del Congreso.La oposición no tuvo otra que frenar ahí mismo la audiencia organizada y trascurrida precisamente para politizar el asunto; del mismo modo en que, por supuesto, lo hace el Gobierno en tanto primer afectado por la denuncia. Aún así, se quedó la oposición con el sabor agradable del anuncio de la viuda del fiscal muerto: que ese mismo día había pedido a la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, que le pida a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA que designe un veedor de la investigación judicial sobre la muerte de Nisman.Contrariamente a lo que pueda pensarse, el pedido de Arroyo Salgado está en línea con el interés del Gobierno de aventar cualquier sospecha, nacional e internacional sobre interferencia en las circunstancias que rodearon la muerte de Nisman. Si bien el pedido volvería a poner al Estado argentino en el tapete de la OEA, otra vez por el tema Amia, esta vez tendría otro sentido: despejar totalmente cualquier duda sobre su involucramiento en la investigación, como en el hecho en sí. Al tiempo que abortar afanes opositores por meter "observadores extranjeros" (¿FBI?) en el caso.No sólo en ese aspecto la exesposa de Nisman parecería sintonizar con el Gobierno. También en cuanto a que la muerte del fiscal pueda convertirse en un caso de la justicia federal. "Es muy complejo", dijo ella el jueves a un diputado opositor tras su alocución, de lo que fue testigo este cronista. Aunque públicamente sostiene la hipótesis de que fue un asesinato, con ese dicho parece estar diciendo lo contrario.