Oportunismos

Hace 19 meses, una comisión multipartidaria de juristas, en representación del oficialismo y la oposición, presidida por el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, comenzó a trabajar en una propuesta de reforma del Código Penal.

El resultado del trabajo fue un anteproyecto que le presentaron a la Presidenta el 13 de febrero pasado. El sábado, al inaugurar las sesiones ordinarias del Poder Legislativo, Cristina Fernández anunció que este año enviará para su debate el proyecto de ley respectivo. Hasta acá los hechos.

Sin embargo, y pese al desconocimiento del anteproyecto, la política resolvió meter el hocico de manera oportunista.

No deja de caberle la razón a Zaffaroni cuando dice que “la inmadurez” de los políticos puede conducir a vía muerta el debate sobre una reforma del código de convivencia de una sociedad que lo demanda y que no sólo no se toca desde 1921 sino que ha sido convertido en un fárrago jurídico a partir de leyes dictadas por la conveniencia. Como las que en 2004 terminó por imponerle al Congreso el ingeniero Juan Carlos Blumberg después de su cooptación política por Néstor Kirchner: un endurecimiento de penas que, entre sus incongruencias, estableció castigos más severos para los delitos contra la propiedad que contra la vida.

Oportunismo, en fin, no oportunidad política, común al conjunto de la política argentina, que resulta más grave cuando se trata de reformas que pretenden convertirse en una política de Estado a partir del máximo consenso posible.

De ese oportunismo dan sobradas pruebas por estas horas los dirigentes opositores con posiciones más expectables hacia la elección presidencial de 2015. Ninguno de ellos quiere quedarse a la zaga en esa carrera de opiniones sobre una reforma que hace al problema– aunque no sólo a él– que está al tope de la preocupación de los argentinos: la seguridad.

Sergio Massa picó en punta en esa competencia, aun cuando la alerta primero partió de Julio César Cobos, antes del discurso presidencial del 1 de marzo. Ni bien terminó el anuncio de la jefa del Estado, el jefe del Frente Renovador lanzó su convocatoria a reunir firmas para directamente rechazar la reforma, aunque su texto se desconoce, por medio de una consulta popular, un mecanismo inconstitucional cuando se trata de materia penal.

“Puerta giratoria para la delincuencia”; “piensa más en el delincuente que en el trabajador”; “peligroso”, son las consignas facilistas con las que el diputado Massa acompaña su estrategia extraparlamentaria.

“Padre” de la alerta, Cobos no se quedó atrás. Ayer, por medio de un comunicado, oficializó sus críticas, pero a diferencia de Massa optó por defender el debate legislativo. Tampoco quiso perderle pisada su rival interno hacia 2015, el senador Ernesto Sanz. Ninguno de ellos, sin embargo, pareciera reparar en el trabajo de su correligionario integrante de la comisión que trabajó en la reforma, el diputado Ricardo Gil Lavedra.

Y hasta Hermes Binner se prendió en la tenida. De qué otro modo, si no, puede entenderse su declaración de ayer, cuando fiel a su estilo de medias tintas eludió, por un lado, decir si está a favor o en contra del anteproyecto en el que, por su designación, participó la socialista María Elena Barbagelata; y, por otro, valoró que “obliga a debatir temas concretos”.