Nos faltó el amparo contra... los jueces

El amparismo delirante esta semana llegó, tal vez, a su mayor expresión. En la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia hizo lugar a un amparo que frenó la tarifa del subterráneo. Varias cosas curiosas. Una es que a uno de los cuatro pedidos de medidas cautelares que hubo lo introdujeron los llamados "metrodelegados", activistas gremiales del propio subte, junto al diputado del Frente de Izquierda Patricio del Corro. O sea: a la suba de tarifas la frenan los propios gremios cuyos afiliados cobran sus salarios del producido por el cobro de esas tarifas.Menos curioso es que la Justicia conceda graciosamente estos frenazos a los reajustes tarifarios en servicios sensibles. Debe ser que nos hemos acostumbrado, dado que prácticamente los jueces congelaron todas las tarifas del país.En realidad, debería sorprendernos este accionar de los jueces. Sigamos con el ejemplo del subte porteño. Miren: En 2007 , hacía un año largo ya que la tarifa del subte era de 90 centavos. Hoy, esa tarifa –que iba a ser aumentada y no lo fue– es de 4,50. O sea: entre esos años, el precio se multiplicó por cinco. En 2007 , el costo de todo el servicio de Justicia del Estado nacional fue de 1.545 millones de pesos, según la ejecución presupuestaria histórica del Ministerio de Economía de la Nación. En 2015, el costo de ese mismo servicio fue de 15.658 millones de pesos. O sea: en el mismo período, la Justicia se multiplicó por más de 10.Todos los jueces, empleados y cafeteros de la Justicia nacional, en 2007 podían comprar 1.716 millones de pasajes de subtes. En 2015 pudieron comprarse 3.479 millones de pasajes. Su Señoría no recibe Red Bus Si el argumento más popular para frenar las subas del transporte, del gas, de la electricidad o del agua viene siendo que son servicios esenciales, ¿no es también esencial el de la Justicia? No parece justo que un servicio tan importante se encarezca tanto para los ciudadanos, que, si bien no lo pagan en forma directa porque los jueces no reciben Red Bus (o la tarjeta Sube, en Buenos Aires), sí lo costean sin darse cuenta, pobres inocentes, con sus impuestos, con la inflación o con endeudamiento, las tres herramientas predilectas que tiene el Estado para financiar sus gastos, entre ellos los suculentos sueldos de los jueces multiplicados por 10. ¿Por qué, entonces, no hubo todos estos años audiencias públicas para determinar si valía la pena semejante tarifazo judicial? Si subir las tarifas del gas constituye una negación del derecho a la calefacción, aumentar los salarios judiciales, ¿es una denegación de justicia? ¿Hay que pedirles un jury?Y ya que estamos: ¿por qué nadie metió un amparo cada vez que se aumentaron los sueldos del sistema judicial? Cuando se aumentan sueldos de médicos, enfermeras y docentes, ¿se afecta el derecho a la salud o la educación?Sería interesante saber si estos jueces –que, hay que recordarlo, no pagan el Impuesto a las Ganancias que el resto sí pagamos para solventar una microfracción de todos sus jugosos sueldos– se van a hacer responsables en casos de cortes de suministros y servicios, de salarios impagos, de eventuales despidos o, incluso, de accidentes que puedan surgir en el incomprendido, complejo, desfinanciado e ineficiente mundo de los servicios públicos.¿Alguien se acuerda de las muertes de Once?