No pueden o no quieren, pero nunca hay sanción

L os usuarios, en tanto, la siguen miran desde afuera, totalmente indefensos. Con los recurrentes paros, ocurre algo si­milar. Cada vez es más asombrosa la fragilidad de los argumentos gremiales expuestos para justificarlos, casi tanto como la gratuidad resultante –en términos de costos– para los tra­bajadores y/o sindicalistas que promueven esas medidas.La mayoría de las veces los paros rozan el absurdo, son inconsultos, o directamente se escudan en diferencias chiquitas entre los propios choferes, al punto de que nadie que no siga de cerca ese micromundo podría llegar a entender. Pero igual nunca hay culpables que paguen los platos rotos, salvo los usuarios que se siguen quedando a pie.En el episodio de ayer quedó expuesto sin dobleces que no había razones valederas ­para paralizar el servicio. Y que quien movilizó las asambleas ni siquiera tenía representatividad legal para hacerlo. Pero pasó otra vez, sin consecuencias.La Municipalidad intimó a las empresas a retomar el servicio y les aplicó una multa de 106 mil pesos a cada una. Y hasta ahí llegó su avanzada. ¿Sanciones? Las empresas podrían aplicar suspensiones a los trabajadores involucrados o a los cabecillas de la protesta, pero no lo hacen –dicen– por dos motivos: en primer término, porque Trabajo no llegó a dictar la ilegalidad del paro, una medida que les hubiera brindado mayor cobertura jurídica y daría margen para avanzar; y en segundo lugar, no hay espalda ­política para lidiar con una más que probable contraofensiva de los choferes, si es que tocan a alguno de ellos.Así las cosas, están dadas todas las condiciones para que los usuarios nunca dejen de ser rehenes. Sea de una protesta sindical justificada, o de un arrebato individual de un gremialista que quiere hacer carrera. Lo mismo da.