Negociación a largo plazo y una espada de Damocles

La negociación que iniciaron el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba y el gremio de los judiciales está planteada a largo plazo, desde la visión de los máximos responsables de la Justicia cordobesa, y no prevé ninguna mejora salarial para este año.

El diálogo que arrancó ayer, en lo formal tendrá mañana su primer capítulo concreto con el abordaje del sistema de “enganche” porcentual salarial que reclaman los judiciales, con la presencia de uno o dos vocales del alto tribunal.

La mesa de negociación está pactada sólo para consensuar un proyecto de ley del sistema de porcentualidad para los empleados del Poder Judicial, para que sea tratado el año que viene por la Legislatura y puesto en marcha también en 2014.

La ley de equiparación de los magistrados provinciales con la

Justicia Federal fue aprobada en diciembre de 2011, antes de que Juan Schiaretti dejara su mandato, pero recién comenzó a implementarse en noviembre del año pasado, por sucesivas postergaciones dispuestas por el gobernador José Manuel de la Sota.

Con la porcentualidad, el gremio judicial está dispuesto a batallar para que ese mecanismo entre en vigencia en los primeros meses de 2014.

El máximo tribunal provincial no le pone plazo a la negociación, mientras que el gremio considera que en un término de entre 30 y 45 días se puede consensuar un proyecto de ley, sobre la base de la iniciativa que ya entregaron a la Legislatura.

Lo conseguido por el gremio que encabeza Irina Santesteban –una dirigente de izquierda próxima al kirchnerismo– no es poca cosa si se tiene en cuenta que hasta hace unas semanas la porcentualidad era considerada por el alto tribunal como algo imposible de implementar.

La toma del Palacio de Justicia por alrededor de 30 horas, la semana pasada, y la amenaza de que el conflicto se desmadrara forzaron al TSJ a aceptar a la Provincia como mediadora.

La intervención del ministro de Trabajo, Adrián Brito, fue pedida por Santesteban el jueves, y al día siguiente, cuando el conflicto se recalentó, el Colegio de Abogados, que preside el radical Alejandro Tejerina, insistió con la mediación.

Entre los judiciales, la agrupación disidente Confluencia, que lidera Federico Corteletti, de la kirchnerista Jauretche, intentaba correr por izquierda a Santesteban. Según voceros oficiales, ese sector hizo fracasar la primera propuesta del TSJ, que preveía una mesa de negociación sobre la porcentualidad de manera muy genérica, pero, además, “correcciones técnicas”, que suponían alguna mejora este año.

Otro capítulo que provocó malestar en la Provincia y fue exaltado por sectores K fue la participación en el conflicto de la candidata a diputada nacional por el kirchnerismo, Carolina Scotto. En realidad, la intervención de la exrectora sólo fue presencial y se limitó a un intercambio de palabras con el vocal Luis Rubio, en el descanso de una escalera. Rubio le ofreció a Scotto que pasara por su despacho. “Vengo a ver a los compañeros”, respondió Scotto.

La implementación del sistema de porcentualidad, que tendría un costo anual extra de 750 millones de pesos sobre un presupuesto de 1.855 millones de pesos para este año, aparece como una espada de Damocles para el Tribunal Superior y la Provincia en 2014. La Provincia, con su mediación, y el TSJ, ya se comprometieron en ese complicado camino.