Fondos para discapacidad. Natalia de la Sota denunció al ministro de Salud de la Nación por "desobediencia judicial"

La diputada Natalia de la Sota denunció hoy ante la Justicia Federal de Córdoba al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Con el patrocinio de los letrados Marta Lastra y Félix López Amaya, De la Sota inició la acción judicial motivada por el incumplimiento de la sentencia que, días atrás, ordenó al funcionario nacional la regularización de pagos y prestaciones para beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad del programa Incluir Salud y del Pami.

“El Gobierno de Milei insiste en desfinanciar y no cumplir con los programas para las personas con discapacidad. Por eso ahora me comprometí a impulsar esta denuncia, frente al incumplimiento de la sentencia que obliga al ministro Lugones a brindar las prestaciones en materia de discapacidad”, explicó De la Sota en el ingreso a la sede de Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba.

La reciente sentencia judicial tiene su origen en la presentación de un amparo colectivo contra Incluir Salud y PAMI, donde se instaba a la regularización de los pagos suspendidos.

El juez federal Hugo Vaca Narvaja hizo lugar a la medida cautelar en mayo, y emitió sentencia a finales de junio, ordenando a ambas entidades a regularizar los pagos y garantizar las prestaciones. Esa sentencia fue notificada bajo apercibimiento al ministro de Salud, Mario Lugones, con un plazo de 72 horas para su puesta en marcha, que venció hace una semana.

“Creo que todo tiene un límite y yo no voy a permanecer indiferente”, aseguró De la Sota, quien también recordó que “desde mayo, el Gobierno de Milei viene incumpliendo la cautelar”.

Desde el momento de la presentación del amparo, con el patrocinio de la abogada Marta Lastra, el Estado nacional presentó cinco recursos, tres de apelación y dos de queja. Las prestaciones a los integrantes de este colectivo se cortaron a principios de año. En algunos casos, los pagos cesaron en diciembre de 2025, mientras que en otro se registraron hasta febrero de este año.