Mestre y el Suoem: más controles y sueldos gerenciales

Los ciclos de los intendentes de la ciudad de Córdoba en relación con los empleados municipales suelen ser bastante similares: en la primera parte de la gestión se procura algún control del gasto salarial y en la segunda parte –cuando los intendentes están más preocupados por su futuro político y ya no están dispuestos a enfrentar conflic-tos–, el Suoem obtiene sus grandes triunfos. Fue en el último año de Luis Juez cuando se produjo una verdadera avalancha en la planta permanente del municipio y también en el plantel de contratados: esos ingresos –sin concursos ni recaudos mínimos, al punto que entraron decenas de personas con antecedentes penales– hicieron que al asumir la gestión de Daniel Giacomino, el gasto salarial llegara a la cifra récord del 73 por ciento de los ingresos municipales. Giacomino intentó reducir el gasto y llegó a un pico de conflictividad en 2009. Pero luego vinieron dos años de concesiones al Suoem. La más importante fue el pase a planta transitoria de centenares de contratados, que alcanzaron con esa medida el mismo nivel salarial de los agentes de planta. La misma gestión que había eliminado horas extras y prolongaciones, en 2011 terminó haciendo abuso de esos adicionales, muchos de los cuales se quedaron debiendo y todavía se están pagando. A la gestión de Ramón Mestre le restan dos meses para ingresar en su último año, que suele ser el de los mayores triunfos gremiales. Lo que hizo hasta hoy no es lineal y muestra facetas contradictorias: el nivel salarial de los municipales siguió por las nubes y creciendo más que la inflación, mientras las asambleas en horario de trabajo fueron una constante. Pero, al mismo tiempo, hubo avances importantes en el control laboral: por primera vez el municipio sabe –en la mayor parte de las dependencias– quién va a trabajar y quién falta. Lo que en cualquier empresa significa un control mínimo, en el municipio fue una larga pulseada para que el Suoem permitiera los relojes con lectores de huellas digitales, que los empleados se dispusieran a registrar sus dedos y que luego dejaran de romper los aparatos (a esos efectos, hoy controlados por cámaras). Las consecuencias de esos controles están a la vista: hay 53 decretos de cesantía de empleados ya publicados –son despidos con causa, sin indemnización– y en el Ejecutivo aseguran que el número llegará a 60 en breve. Ahora se avanza en la digitalización de los legajos, con la mira puesta en la autenticidad de los títulos académicos de los agentes, que generan costos salariales millonarios y que jamás fueron verificados. Lo que pasó con el número de empleados tiene lecturas diversas. Lo que dicen las cifras oficiales es que Mestre asumió con 10.024 empleados, que hoy se pagan 10.849 sueldos y que en el mismo lapso se jubilaron 500 agentes. Esas cifras describen el ingreso de más de 1.300 empleados desde 2012. Dado que unos 600 eran monotributistas que fueron regularizados, se deduce que los ingresos propios de la gestión se acercan a los 700.La doctrina mestrista, en cambio, postula que el número de empleados bajó: para llegar a esa conclusión, restan los choferes de Tamse que pasaron al sector privado y el inminente traspaso de los recolectores de Crese –previa indemnización– cuando se adjudique la licitación de la basura. En paralelo, Mestre lanzó los concursos públicos de antecedentes y oposición –para muchos, su medida más importante– que abarcarán a todos los agrupamientos y que todavía están sujetos a la pulseada final con el Suoem por los pases a planta permanente. Sin dudas, será la gran batalla del último año. En el transcurso, el gasto salarial siempre avanzó más que la inflación –aunque menos que los impuestos–, para consagrar un costo salarial por empleado superior a los 30 mil pesos. Ese nivel salarial es el que mandará en el Presupuesto 2015, que además de la inflación deberá considerar el gasto que impone el año electoral. Nadie explica aún cómo entrará todo eso en los cedulones municipales.