Medir la distancia entre el discurso y la realidad

Se ha señalado con insistencia desde la ciencia política que la democracia en Argentina ha incorporado con relativa solidez la noción de la rendición de cuentas vertical.

Ya no se cuestiona la obligación de los gobernantes de comparecer periódicamente en elecciones ante el tribunal de la ciudadanía, para que de las urnas surja un veredicto sobre la actuación pública.

Menos instalada está, en cambio, la obligación de rendir cuentas en sentido horizontal: ante organismos estatales de auditoría, reconocidos y habilitados constitucionalmente para fiscalizar y aun iniciar acciones por actos u omisiones ilícitas en el ejercicio de la función pública. Cada falencia en ese camino tiende a consolidar una cultura política desobligada de la responsabilidad cívica. Y, por lo tanto, más proclive a la opacidad y a la corrupción.

El politólogo Guillermo O’Donnell incluía entre los mecanismos iniciales de la rendición de cuentas a la cobertura periodística regular de las demandas más visibles a las autoridades públicas.

Una herramienta que hemos utilizado en nuestros informes de Primer plano es la comparación entre las propuestas enunciadas para la gestión y su cumplimiento en los plazos comprometidos.

Aplicamos ese criterio para chequear los discursos del Gobierno nacional, a un año de su asunción. También para evaluar a las autoridades municipales. Hoy lo hacemos con la gestión provincial. Se trata, claro está, sólo de una aproximación para cuantificar la distancia entre el discurso público y las concreciones. Limitada y falible, pero inicial y necesaria.

La enunciación política en Argentina se ha caracterizado por la amplitud y la grandilocuencia en campañas políticas.

Por su dimensión más acotada cuando esas mismas promesas se convierten en discursos de inauguración parlamentaria.

Y por una distancia más extensa todavía cuando de realidades tangibles se trata.