Más tiempo, pero con menos opciones

Con la orden dictada al Bank of New York para que devuelva a la Argentina el pago depositado a los bonistas reestructurados, el juez Thomas Griesa pareció dar un guiño favorable hacia el país. En algunos ámbitos de gobierno se consideró positivo que el magistrado al menos decidiera no embargar los 539 millones de dólares destinados a saldar el vencimiento, pero lo cierto es que no tenía jurisdicción para hacerlo fuera de los Estados Unidos: la cuenta de la entidad norteamericana se encuentra radicada en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).Aunque parecen haberse conseguido 30 días más, sin embargo, la Argentina ve cómo día a día se van limitando las opciones de negociación con los acreedores.Este callejón que parece sin salida empezó a recorrerse en diciembre de 2012, cuando el Gobierno rechazó un gesto de buena voluntad de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, que pidió a la Argentina una fórmula alternativa y un cronograma de pago a los holdouts . La respuesta fue que el país no obedecería un dictamen judicial en ese sentido. Argentina repite hoy el modus operandi y Griesa intuye, no sin causa, que sin la espada del default el país reiterará su conducta.Tampoco puede considerarse la mejor estrategia la de repudiar las decisiones de los tribunales que se aceptaron para que dirima el litigio con los holdouts . Griesa debe pensar que si le permite a la Argentina incumplir sus decisiones, atenta contra la fortaleza institucional de su tribunal como ámbito judicial apto para resolver esos conflictos.El mote de "defaulteador serial" que se le ha dado a la Argentina tiene relación más con esas bravuconadas que con hechos históricos, ya que hasta finales del siglo pasado el país siempre había cumplido con sus obligaciones de deuda externa. La mayoría de las naciones latinoamericanas que se endeudaron en la década de 1970 defaultearon en la década de 1980 y la Argentina lo hizo dos veces.

Muchos artículos se escribieron sobre cómo se llegó a ese último

default

, pero casi todos coinciden en que la principal causa fue el déficit fiscal. La base del plan de convertibilidad, cuyo objetivo principal fue el de contener la inflación, requirió la restricción a la emisión de moneda y, en consecuencia, la necesidad de eliminar el déficit o de financiarlo con deuda.

El déficit no pudo disminuirse y la deuda aumentó. Y en ese escenario las exportaciones cayeron por falta de competitividad y también los recursos públicos para hacer frente a la deuda.

Todo eso, sumado a las devaluaciones que sufrieron los países con los que la Argentina tenía intercambio comercial, la caída del precio de las

commodities

y la crisis global, hicieron que el país no pudiera reaccionar. La crisis interna y de falta de credibilidad externa imposibilitaron, entonces, cualquier posibilidad de extensión de plazos o de nuevos préstamos. La situación institucional se agravó con la sucesión de presidentes y con la salida de la convertibilidad. La deuda externa pasó de ser de 67 por ciento a 166 por ciento del PIB.

También es importante recordar el origen de las negociaciones para reestructurar la deuda. Varios países pasaron por eso (Rusia, Ecuador, Pakistán, Ucrania) y lograron quitas a valores nominales (hasta 50 por ciento), alargamientos de plazos con emisión de nueva deuda y un porcentaje bajo de

holdouts

. Pero ninguno llegó a situaciones como la que enfrenta hoy la Argentina.

Históricamente, las negociaciones de deudas se realizaron en el marco de negociaciones con organismos multilaterales acreedores (FMI y Club de París, en el caso argentino), pero en la primera década del nuevo siglo, por las razones que fueran, Argentina decidió no seguir los procesos de reestructuración aceptados y comenzó otro sin ese apoyo y por fuera de las condiciones que se consideraban “de mercado”, con quitas muy superiores.

Esa decisión de no respetar las reglas no escritas de reestructuración de deudas soberanas más el repudio a la autoridad de los jueces con jurisdicción sobre el conflicto pueden haber tenido gran influencia en la manera en que la Argentina es percibida por esos tribunales.

Las muy recientes acciones del juez Griesa hablan por sí solas. El rechazo de la cautelar; el nombramiento del abogado Daniel Pollack como

special master

, un título que bajo la ley estadounidense no da facultades para “negociar” el fallo, sino para establecer el cumplimiento de la sentencia, y la orden al Bank of New York de devolver los fondos a la Argentina demuestran que las opciones de lograr una negociación conveniente son, por lo menos ahora, muy limitadas.

Acaso sea hora de poner sobre la mesa una verdadera propuesta de pago como la que en su momento se planteó sólo discursivamente: un pago en efectivo similar al ofrecido a los bonos reestructurados para no incumplir la cláusula Rufo y un bono por emitirse cuando esa cláusula pierda aplicabilidad.

*Dir. de la Maestría en Derecho Empresario. Universidad San Andrés.