Más juicios laborales, pero por arrastre

E n seis años, la Justicia laboral provincial ha mostrado dos tendencias contrapuestas. Las causas laborales que fueron a juicio subieron de 6.448 a 16.559, esto es 157 por ciento, por el aluvión de demandas que entraron en 2009. Pero desde ese año récord, cuando se presentaron 36.403 reclamos, las nuevas demandas bajaron a 31.511; esto es, 13,4 por ciento. En realidad, la cantidad de demandas nuevas comenzó a bajar en 2010, cuando se denunciaron las maniobras con las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART). A partir de allí, se estabilizaron en 30 mil a 32 mil anuales.Así lo indican datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El foro laboral está convencido de que el proceso en Córdoba por demandas laborales fraudulentas actuó como una luz de alerta y frenó estas actividades.A partir de la creación de la Oficina de Conciliación, en 2012, en el TSJ destacan que casi 50 por ciento de las demandas que van a juicio logran evitar el proceso al conseguir un acuerdo previo, y otro 50 por ciento van a sentencia. Otro dato es que cerca del 40 por ciento de las causas que van a juicio se relacionan con la aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo, por accidentes y enfermedades laborales tanto del sector privado como del público. La mitad de los litigios por enfermedades y accidentes a través de las ART son de empleados provinciales, entre ellos policías, o municipales. El origen En la compleja trama de la litigiosidad laboral, 2009 aparece como un período bisagra. En diciembre de ese año, el titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, viajó expresamente a Córdoba para advertir de que la provincia encabezaba el ranking de litigiosidad y alertó que los presuntos juicios fraudulentos en contra de las ART trepaban a 100 millones de pesos anuales en nuestro territorio.El funcionario nacional llegaba con el propósito de presentar una denuncia ante la Justicia federal de Córdoba para que investigara una supuesta asociación ilícita, pero finalmente el funcionario se reunió con el Tribunal Superior. Allí se desencadenó una investigación en la que se procesó a abogados laboralistas y a médicos. El proceso incluyó 288 casos por reclamos a las ART de parte de trabajadores, por supuestas enfermedades laborales. Tras varios años, la Cámara 9ª del Crimen debe fijar la audiencia, que comenzaría en marzo del año próximo.La cantidad de demandas laborales en Córdoba arrancó la última década con 17.415 en 2005 y fue aumentando para llegar al pico de 2009, lo que representó un incremento del 109 por ciento de litigiosidad en ese fuero. Desde 2010, la tendencia se revirtió, y las demandas bajaron 14 por ciento, para luego estabilizarse. En lo que va de 2016, hay una leve baja, según indicaron fuentes del Tribunal Superior.Además del impacto que habría tenido el aumento de la litigiosidad por el accionar fraudulento, también admiten que la suba de los topes indemnizatorios por decreto, en 2009 –que no se actualizaban desde 2005–, y otra reforma legislativa en 2012 incidieron en la suba de las demandas laborales. Efecto arrastre Desde Tribunales, explican que el notorio incremento de las causas que se elevan a juicio es consecuencia del "arrastre" de la explosión de demandas que se produjo en 2009, las que demoran en llegar al final del proceso en las cámaras laborales. En los juzgados de Conciliación, el proceso lleva entre dos y tres años; y en las cámaras, el mismo tiempo.Desde que se creó la Oficina de Conciliación, aproximadamente el 50 por ciento de las causas que ingresan a las cámaras se concilian (es optativo a pedido de las partes) y, de esa manera, se logra evitar el juicio.Esa alternativa determinó que las causas que van a casación ante el Tribunal Superior disminuyeran casi un 50 por ciento. En 2013, eran 794 los juicios apelados ante el Tribunal Superior, y en este año las casaciones bajaron a 440, casi la mitad. Repensar el procedimiento El titular de la sala Laboral del Tribunal Superior, Luis Rubio, dijo que en todo juicio hay dos partes y que en muchos casos, si no hubiera "chicanas recursivas", el proceso podría terminar en seis meses o un año. El vocal advirtió que en la actualidad "casi todas las sentencias son recurridas por el actor o por el demandante".Rubio consideró que "hay que repensar el procedimiento laboral". En tal sentido, sostuvo que la demanda debería ir acompañada de toda la prueba documental y testimonial y, tras la contestación de la otra parte, el juez tendría elementos para conciliar, con lo cual se acortarían los tiempos del proceso judicial.