Respuesta. Marcha universitaria: el Gobierno vincula la movilización a la oposición y ratifica las auditorías
La ministra Sandra Pettovello aseguró que no buscan cerrar las universidades pero insistió en la necesidad de controlar el gasto público y desmitificar la gestión institucional.
El Gobierno nacional calificó la Marcha Federal Universitaria, convocada para este martes 12 de mayo de 2026, como una movilización "claramente política".
Desde el Ministerio de Capital Humano, las autoridades vincularon la protesta a intereses de sectores opositores y ratificaron que continuarán con las auditorías sobre las casas de estudio.
La ministra Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, brindaron una rueda de prensa para fijar la postura oficial ante el reclamo de financiamiento.
Postura oficial y críticas a la convocatoria
Durante el encuentro con la prensa, los funcionarios sostuvieron que, si bien el reclamo salarial es legítimo, la organización de la marcha responde a fines ajenos a lo académico.
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“Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender, pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política“, afirmó Alejandro Álvarez.
El subsecretario cuestionó la participación de actores sociales externos y la presencia de rectores junto a figuras políticas de la oposición en los días previos a la movilización.
El debate por la transparencia y las auditorías
La ministra Sandra Pettovello enfatizó que el objetivo de la gestión no es el cierre de las instituciones educativas, sino el esclarecimiento del destino de los fondos públicos.
“Es importante la batalla cultural para que la gente entienda que nosotros no estamos en contra de la universidad pública y no queremos cerrar las universidades”, señaló la funcionaria.
En ese sentido, Pettovello subrayó la importancia de utilizar datos reales para que la ciudadanía tome decisiones sin "connotaciones políticas".
La titular de Capital Humano también se refirió a la necesidad de “desmitificar el monstruo sagrado” de la universidad pública, poniendo el foco en el control de gastos.
Conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario
El eje central de la protesta es la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso el año pasado, que contempla actualizaciones salariales por inflación.
Desde la Casa Rosada argumentan que dicha norma infringe la Ley de Administración Financiera al no especificar de dónde deben extraerse los recursos para su cumplimiento.
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El Gobierno sostiene que la única ley vigente que acatarán es la Ley de Presupuesto, considerando que la normativa de financiamiento quedó "abstracta" tras su sanción.
El costo de aplicar la ley reclamada por las universidades es estimado por el Poder Ejecutivo en 1,2 billones de pesos.
Reclamos salariales y presupuestarios
Por su parte, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuestionó la postura oficial y recordó que el Gobierno intentó derogar la ley en el Presupuesto, sin éxito parlamentario.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el rector Franco Bartolacci advirtió sobre la situación crítica de las instituciones debido a la caída de ingresos.
Según los datos proporcionados por Bartolacci, se registró una caída del 45,6% en las transferencias gubernamentales a las universidades desde finales de 2023.
“Estamos a la mitad de nuestras capacidades”, aseguró el titular del CIN al solicitar una convocatoria amplia para discutir la aplicación de la ley.
Fondos para hospitales y próximos pasos
En medio del conflicto, el Gobierno anunció que abrirá una instancia de diálogo específica para la distribución de fondos destinados a los hospitales universitarios.
Alejandro Álvarez anticipó que, tras la marcha, se convocará a los rectores para definir el reparto de más de 79 mil millones de pesos reclamados por estas áreas.
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Respecto a la magnitud de la movilización en Plaza de Mayo, el subsecretario señaló que la cantidad de manifestantes no debería ser un parámetro para el sistema institucional.
“Está bien como protesta, pero no representa un parámetro”, concluyó el funcionario, reiterando que la atención del Ejecutivo se mantiene en la discusión parlamentaria.
