Marcados por la inflación y la previa electoral

Ninguna de las dos jurisdicciones se salva de los tentáculos de una inflación que las excede, y cada cual a su manera se las ingenia para asumir el problema tratando de licuar lo máximo posible los costos políticos de una decisión que es, por sí misma, ingrata. La Municipalidad aumentará 34,9 por ciento el boleto urbano y la Provincia, en un 35 por ciento los viajes provinciales. Los porcentajes no difieren en casi nada, pero sí el modo de aplicación y la repercusión mediática de ambas medidas.El Gobierno aplicará tres tramos (enero, mayo y septiembre), pero su tarifazo pasó, como ocurre habitualmente, casi sin hacer ruido. Una despoblada audiencia pública, algún pataleo de vocales opositores en ese organismo, y no mucho más. Los usuarios, de tan dispersos que están, casi ni protestan; y la oposición política directamente no tiene escenario donde hacerlo: en la Unicameral esa tarifa no se discute.El municipio, habituado a pagar costos más altos en este tema, apeló a una estrategia que combina novedosos subsidios con la pretensión de que el número final del aumento luzca menor a su impacto real. El boleto se va a 7,15 pesos, pero el usuario abonará 6,43 pesos. La diferencia se cubrirá con aportes impositivos de todos los vecinos, viajen o no.Esta mecánica al menos deja claro cuáles son los costos a cubrir y cómo se reparte el peso de esa mochila. La diferencia central con la Provincia es que el municipio tendrá que atravesar una dura sesión en el Concejo para aprobar la nueva tarifa.Pero, en lo medular, hay coincidencia. Ni la Municipalidad ni la Provincia están en condiciones de tirarse piedras: ambas hacen equilibrio entre la necesidad de sostener servicios y convivir con la inflación, con el imperativo de no hacer olas a las puertas de un año electoral.