Mantener aceitado el vínculo con la Justicia

Además de los temas que está buscando poner en agenda de la discusión pública para recuperar iniciativa política, José Manuel de la Sota tiene en carpeta algunas designaciones en la Justicia provincial, en procura de aceitar la relación entre el Ejecutivo y el Judicial para los años que vienen. En realidad, De la Sota casi no ha tenido inconvenientes con el Poder Judicial en sus dos períodos y medio como gobernador, pero como los tiempos por venir aparecen complicados en cuanto a la gestión –lo cual ha sido admitido por el propio mandatario–, bien vale reforzar ese vínculo.La primera decisión que debe tomar el gobernador es cubrir la vacante que dejó María Cafure de Battistelli en el Tribunal Superior. Para ese puesto, se menciona con insistencia a María Marta Cáceres de Bolatti, que viene ocupando de manera provisoria la Fiscalía General, vacante desde febrero de 2012 cuando se alejó Darío Vezzaro.La actual fiscal General adjunta no le ha generado complicación alguna al Ejecutivo en estos dos años. En Tribunales le reconocen su aptitud técnica, sin dejar de mencionar que es alguien que se puede considerar afín al Gobierno provincial. La de Cafure no sería la única vacante en la cabeza del Poder Judicial cordobés, ya que se menciona algún otro posible retiro en el transcurso del año.El otro cargo que el gobernador reconoció que cubrirá es el del fiscal General. En declaraciones periodísticas, comentó que inició una ronda de consultas y que tenía algunos nombres en carpeta para el próximo jefe de los fiscales provinciales.En su momento, se mencionó al actual fiscal Alejandro Moyano, para el cual el gobernador tuvo conceptos elogiosos. La causa más resonante que tuvo en los últimos tiempos fue la desaparición de Facundo Rivera Alegre.También suena el nombre del fiscal Raúl Garzón, de alto protagonismo en las últimas semanas por su investigación de los saqueos en la rebelión policial de diciembre pasado. Hasta ahora, Garzón ha tenido una actuación ajustada a las necesidades del Ejecutivo y fue ponderado en los últimos días tanto por funcionarios provinciales como nacionales por la instrucción de esa compleja causa.Pero también hay otros nombres en danza. Uno de ellos es el del ex ministro de Justicia Héctor David, actual asesor del gobernador y un incondicional del delasotismo. David cumplió en diciembre el requisito exigido por ley de 12 años en el ejercicio de la abogacía y ese dato ha sido resaltado por altas personalidades del Poder Judicial.Más allá de los nombres, un tema que ha quedado marginado de la discusión es la duración del mandato del fiscal General que designará De la Sota en las próximas semanas. Según la ley, el titular del Ministerio Público, encargado de la promoción de la acción penal, dura cinco años en el cargo.El puesto está vacante desde que se fue Vezzaro en febrero de 2012, con lo cual de haber sido cubierto en su momento el fiscal General debería terminar su mandato en 2016. Pero, ante la pasividad y silencio opositor, el nuevo jefe de los fiscales designado por De la Sota durará en su cargo hasta 2018, es decir, en casi todo el próximo mandato del gobernador, que puede ser el actual, alguien del oficialismo o de la oposición.Con lo que se advierte la llave que tiene la designación que surgirá en las próximas semanas no parece ser menor y constituye una señal de que –más allá de las expresiones públicas– la necesidad de tener lo más controlado posible al Poder Judicial es una constante en la política argentina y cordobesa.