Malestar en la Justicia provincial por la imputación a Drazile

En las más altas esferas del Poder Judicial de Córdoba cayó muy mal la imputación del fiscal federal Enrique Senestrari a su par provincial Emilio Drazile en el marco de la investigación de la muerte del policía Juan Alós. Fuentes cercanas al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a la Fiscalía General manifestaron la preocupación ante lo que consideran un avance del funcionario nacional sobre el fuero provincial.

La inquietud que reina por estas horas en el Palacio Justicia de Tribunales I no es precisamente con el fuero federal en sí, sino con el accionar de un “personaje” que se arroga la potestad de investigar la conducta supuestamente delictiva de un fiscal provincial. Sin ánimo de formular una defensa institucional de Drazile, los más encumbrados hombres de leyes de la provincia consideran este un problema de competencia.

Si no cayó nada bien la noticia de la imputación el miércoles, las declaraciones matutinas de Senestrari ayer a Cadena 3 provocaron un golpe mayor. Allí el fiscal federal marcó dos consideraciones de su accionar: no cuestiona la responsabilidad de Drazile en la muerte de Alós por lo cual pide su sobreseimiento, pero sí lo investigará por mal desempeño funcional cuando tuvo la causa.

En realidad, hasta en la Justicia federal saben que esta maniobra es para “sacar” a Drazile de la causa y evitar que controle la nueva autopsia. La “imputación” de Senestrari se produjo justo después de que la Cámara Federal de Apelaciones ordenara que el fiscal provincial debe ser parte de la causa.

Este diario tuvo acceso cercano a miembros del TSJ y del Ministerio Público luego de una serie de reuniones que mantuvieron ayer durante toda la jornada a raíz de esta problemática. Por la tarde, La Voz del Interior tuvo acceso a fuentes que relataron que el desempeño de Drazile ya fue objeto de investigación en la Justicia cordobesa tras una denuncia también de la viuda de Alós y el abogado que la representa en la querella, Carlos Nayi.

Esa investigación, a cargo del fiscal Marcelo Hidalgo (controlada por la jueza Ana María Lucero Offredi), descartó las irregularidades o delitos mencionados. Allí se dio respuesta –sostienen en Tribunales I– a los interrogantes que hasta hoy siguen mencionándose como “dudosos”: que Drazile abrió el auto, que apagó el motor, si se entregó o no la ropa, si se entregó o lavó el vehículo y una serie de “interrogantes” que en la sentencia 16 están explicados con “docencia” por la jueza.

Por eso, al cuestionar lo que consideran una intromisión, señalan que, si de la investigación que realiza Senestrari surgieran nuevos elementos, deberían ser aportados a la órbita provincial.

Anoche, al tiempo que dejaban en claro que no discuten de quién es la competencia del caso Alós, se muestran molestos por la intromisión de un fiscal federal para investigar penalmente la conducta de un funcionario provincial en ejercicio de su gestión.

En un determinado momento, llegó a mencionarse que esta situación que “nunca antes se ha dado entre ambos fueros” constituye un “agravio al federalismo” y cargaron las tintas contra Senestrari.

Entienden que los delitos que supuestamente se le achacarían a Drazile no son federales y que son de competencia de la Provincia, que ya los investigó y es el estamento que podría recibir nuevas pruebas si las hubiere.

Por otra parte, entienden que indirectamente se está poniendo en duda no sólo al funcionario provincial sino también a numerosos estamentos de la Justicia y a la Policía Judicial, cuyos peritos son reconocidos entre el primer nivel de la Nación.