El fútbol y la política siempre tuvieron más que vasos comunicantes pero la dimensión de todo lo que rodea a las causas de corrupción contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le está dando un cariz más que singular.
Lo que parecía ser un intento legítimo del Gobierno nacional por darle más transparencia al deporte profesional más importante ha quedado en un cono de sombras y hay dirigentes que se ufanan de que la AFA tiene un poder similar o superior al del Ejecutivo al momento de incidir sobre los procesos judiciales.
En ese contexto, la alerta que parece deportiva pero tiene una fuerte connotación política se enciende en Córdoba desde el sur.
Estudiantes de Río Cuarto, que fue pasando del Federal a la B y de la B a Primera con algunas sospechas, es noticia nacional por una poca usual depuración de su plantel ante una campaña que parece encaminarlo al descenso.
La decisión no fue tomada por el cuerpo técnico sino por la propia directiva del club. Y ahí ya salta el primer fuerte elemento que nos lleva a la arena pública por los fuertes cargos que pesan sobre el presidente de Estudiantes, Alicio Dagatti, en la megacausa en la que se investiga corrupción en las cárceles cordobesas.
Dagatti es un empresario de la carne, que construyó poderío económico en no demasiado tiempo y que tiene fuertes vínculos con la política.
Siempre ha manifestado su adhesión al peronismo, sueña con ser candidato a intendente de Río Cuarto y hace alarde de su cercanía con Sergio Massa y Claudio Tapia.
Los propios dirigentes que están pendientes de la transpiración del presidente de la AFA comentan sobre los vuelos facilitados por el llamado zar de la carne riocuartense.
En la causa que se lo investiga por liderar una organización que entraba droga, celulares, alcohol y otros elementos prohibidos a las cárceles cordobesas, Dagatti se ocupó de mencionar sus relaciones con importantes figuras del gabinete de Martín Llaryora.
Los niveles de influencia no se quedan sólo en la cúpula del fútbol y la política sino que se hunden en la propia Justicia.
El arquitecto legal de la libertad de Dagatti es el propio exministro de Justicia de la Nación Germán Garavano, que dejó el puesto de principal asesor del Tribunal Superior de Justicia para ocuparse de la defensa del empresario.
De hecho, la causa por el contenido de los camiones del frigorífico Livorno, proveedor del Estado y una de las empresas de Dagatti, sigue estando en medio de un tironeo judicial entre los magistrados que se inclinaron por liberarlo y el fiscal que instruye el caso, Enrique Gavier.
El fiscal considera que Dagatti debería esperar el juicio privado de su libertad, criterio que no es compartido ni por el juez de Control ni por la Cámara de Acusación.
Gavier pidió ya elevar a juicio parte de esa causa pero hay elementos interesantes de la estrecha relación de Dagatti con el poder político en el pedido de elevación a juicio contra la cúpula del Servicio Penitenciario que encabezaba Juan María Bouvier.
Se describen en esas 360 páginas los multimillonarios contratos para la provisión de carne a las cárceles (100 millones de dólares anuales) mientras que los reclusos se quejaban por la escasa y mala calidad de los alimentos.
La carne estaba en mal estado, además que había envíos que iban a acompañados de celulares, drogas y otros elementos prohibidos.
Eso ocurrió entre 2016 y 2024.
Tierra de apuestas
Pero en la novedad de esta semana de separar a medio plantel se coló el meneado tema de las apuestas deportivas.
Estudiantes sacó un comunicado negando de plano que haya jugadores o integrantes de la institución involucrados en posibles jugadas amañadas.
Pero apenas saltó esa versión el comentario en el mundo futbolero se ubicó en el origen geográfico de los supuestos arreglos: Río Cuarto.
El segundo club de esa ciudad, Atenas, tiene a su dirigencia imputada por el arreglo de partidos en el Federal A, en una causa ya elevada a juicio.
Ese caso tiene una singularidad importante, ya que se inició a partir de una denuncia del propio Gobierno provincial, a través de la Lotería, y tiene entre sus imputados a un integrante de la Agencia Córdoba Deportes, que hizo una apuesta para uno de sus partidos arreglados ilegalmente.
En el Gobierno provincial sostienen que la sentencia de ese caso será sin funcionarios condenados.
Es que a veces en el Ejecutivo saben más de algunas causas que en los despachos judiciales.
