Los patos de la boda

La ruptura de la negociación entre el Tribunal Superior de Justicia y el gremio de los judiciales por el sistema de porcentualidad amenaza con resentir fuertemente la administración de justicia, un servicio esencial para miles de ciudadanos.

Desde la libertad de las personas hasta el cobro de cuotas alimentarias, por citar dos cuestiones esenciales que hacen a la vigencia de derechos humanos, se verán afectados si, como amenazan los judiciales, se profundizan las medidas de fuerza ante la ruptura del diálogo.

El conflicto –que reflotó con virulencia después de una tregua que no llegó al mes de diálogo entre las partes– se produce cuando falta poco más de un mes para las elecciones legislativas del 27 de octubre.

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) siempre demandó que se aprobara el proyecto de ley de porcentualidad antes de las elecciones legislativas, como un modo de presionar políticamente. Eso explica quizás la premura sindical, si se tiene en cuenta que el compromiso asumido por el alto cuerpo es que el nuevo sistema de remuneraciones rigiera desde 2014.

Desde hace años que el gremio viene batallando por sentarse a debatir un régimen de porcentualidad y lo consiguió tras una inédita toma de Tribunales por casi 30 horas. Fue un triunfo sindical.

Pero la conducción gremial que encabeza Irina Santesteban, con un sector interno que la corre por izquierda, se sintió forzada a apurar los tiempos. Más allá de que la propuesta del TSJ tuviera números muy por debajo de las expectativas salariales que había generado la Agepj, la sindicalista salió a rechazar con excesiva prontitud el borrador provisorio ofertado por el alto cuerpo. El gremio arrancó con un proyecto que demandaba una erogación anual de 750 millones de pesos, una cifra inviable para las arcas provinciales, si se tiene en cuenta que el ahorro de este año por el diferimiento del pago de los aumentos de los jubilados rondó los 950 millones de pesos. Después bajó sus pretensiones, pero con números que implicaban una mejora importante en las distintas categorías.

El Tribunal Superior les ofertó una contrapropuesta que solamente les garantiza el reclamado “enganche” porcentual a lo que cobran los vocales del alto cuerpo, pero sin ninguna actualización relevante de los sueldos.

La pregunta del millón es cómo saldrán el gremio y el TSJ de la encerrona en que entró el conflicto. La amenaza de paralización de la Justicia suma otra preocupación más al Centro Cívico.

Aunque la política es dinámica, la Provincia estaba decidida hasta ayer a no intervenir en el conflicto desatado en un poder independiente. Pero nada está totalmente descartado. Dentro del propio TSJ no ven mal la intervención de la Provincia si el conflicto se desmadra. Los patos de la boda volverán a ser nuevamente los ciudadanos que pretendan la defensa de sus derechos en una Justicia ya de por sí muy lenta.