Los funcionarios del nuevo organismo de control policial de Córdoba cobrarán como magistrados

Los funcionarios y empleados del nuevo organismo de control de las fuerzas de seguridad –que debió comenzar a funcionar este mes, pero a través de un decreto se postergó– tendrán salarios y jubilaciones equiparados con los del Poder Judicial, aunque no está claro si ingresarán tras aprobar un concurso de antecedentes, como ocurre en la Justicia.

El régimen salarial y jubilatorio del organismo de control policial creado tras el asesinato de Blas Correas fue aprobado este miércoles por la mayoría de Hacemos por Córdoba y por los cuatro legisladores del PRO; mientras que la oposición se abroqueló para rechazarlo (hubo dos abstenciones, Orlando Arduh y Elisa Caffaratti) con encendidos discursos y fuertes críticas.

Con la aprobación de esta ley también se autorizó a Juan Schiaretti a designar de manera interina, a propuesta del fiscal General, Juan Manuel Delgado, a los integrantes de los Organismos del Sistema de Control Disciplinarios de las Fuerzas de Seguridad. Aunque estos nombramientos podrían ser por hasta dos años, cumplido ese plazo “el Poder Ejecutivo podrá darles el carácter de definitivos”.

Al presentar el texto de la ley, José Pihen, presidente de la comisión de Legislación Laboral, anticipó que el organismo tendrá no más de 40 empleados, además de los 10 funcionarios previstos (seis de los cuales cobrarán salarios, mientras que los restantes percibirán viáticos).

La aprobación de los cuatro legisladores del PRO abrió una brecha en la oposición: el resto de sus socios en Juntos por el Cambio rechazaron con vehemencia el régimen salarial y jubilatorio para los funcionarios del organismo que aún no funciona.

Atajó las críticas Francisco Fortuna, el presidente del bloque oficialista, para quien equiparar los salarios del Poder Judicial permitirá “reclutar” en este último los funcionarios encargados del control policial.

El radical Dante Rossi cuestionó a Ana Becerra, la titular del actual Tribunal de Conducta Policial, quien se encuentra imputada por el presunto delito de abuso de autoridad, en el marco de la causa en la que se investigan por qué el cabo Lucas Gómez, sospechado de disparar contra el auto en el que viajaba Blas Correas, estaba trabajando armado esa noche pese a estar imputado por el supuesto encubrimiento al violador serial de La Calera.

El otro policía imputado por el crimen, Javier Alarcón, también tenía un expediente manchado en el Tribunal de Conducta.

“Esta ley le viene como anillo al dedo a Ana Becerra, quien fracasó al frente del Tribunal de Conducta Policial, cargo que mantiene pese a estar imputada. No vaya a ser que al Ministerio Público Fiscal, que ya es una unidad básica en Tribunales comandada por dos militantes del peronismo y un excolaborador del gobernador Schiaretti, se le ocurra proponer para este nuevo organismo de control a la propia Becerra; no vaya a ser que todo esto sea un premio oculto para Becerra”, dijo Rossi desde su banca.

El jefe de la bancada radical, Marcelo Cossar, apuntaló esa línea. “Parece que lo urgente y prioritario no es poner en marcha el nuevo organismo de control de las fuerzas de seguridad, sino garantizar el sueldo y la jubilación de sus integrantes, que seguramente serán los mismos que siguen sin explicar por qué dos policías imputados estaban cumpliendo funciones cuando fusilaron a Blas y por qué carpetaron al comisario Cumplido”. Cossar también aseguró que “una rápida cuenta arroja que en el nuevo organismo” se desempeñarán “unas 100 personas, entre empleados, funcionarios y asesores”.

La titular de la bancada de Encuentro Vecinal, María Rosa Marcone, puso la lupa sobre las lagunas que deja la ley respecto de cómo serán designados los integrantes del organismo encargado del control de los agentes fuerzas de seguridad. “A los cargos judiciales se accede por concurso, y en este nuevo régimen no queda claro cómo lo harán; sólo se dice que serán propuestos por el Ministerio Público Fiscal; pero no hay fijado ningún requisito, sólo ambigüedades que en la práctica derivarán en que el Poder Ejecutivo y el fiscal General envíe a sus agentes de confianza”.

En un mismo sentido se pronunció Cecilia Irazuzta, de la Coalición Cívica, para quién este nuevo organismo repleto de vacantes “implica más discrecionalidad” . “No alcanza con equipar al organismo de control policial con el Poder Judicial. La Policía tiene un problema de fondo y el poder político de Córdoba no quiere enfrentarlo ni solucionarlo”, agregó.

Desde sus bancas, la izquierda insistió en cuestionar la naturaleza del organismo de control creado en diciembre, pero que aún no funciona. “Rechazmo que cobren sueldos de privilegio cuando la mayoría del pueblo cordobés cobra menos de 40 mil pesos; y menos vamos a aceptar a casta cómplice permanente de las atrocidades policiales”, dijo Noé Argañaraz (FIT). Luciana Echevarría (MST) agregó: “Este nuevo tribunal de conducta tiene la misma misión que el viejo: garantizar la impunidad policial frenando las causas, como la que tenía el asesino de Blas; es un organismo cuyos funcionarios tienen beneficios antes de empezar a trabajar”.

“Nos gustaría ver la mismo urgencia para tratar una ley en un debate por la recategorización de los sueldos de miles de profesionaels de la salud”, fue el cuestionamiento de Orlando Arduh, presidente de Juntos por el Cambio, quien no cuestionó el fondo del régimen salarial y previsional, sino el sentido de la oportunidad. Como ya se dijo, el bloque se partió al momento de esta votación.

El titular de la bancada oficial, Francisco Fortuna, rechazó que la postergación de la puesta en marcha del organismo de conducta policial vaya a extenderse hasta el próximo mes de diciembre, como aseguró la oposición. “De ninguna manera esta prórroga significa que vaya a demorarse otros seis meses, eso no es cierto. Se está usando un tiempo razonable para construir un nuevo organismo que profesionalice el rol policial”, dijo Fortuna.

En ese sentido, argumentó que la equiparación salarial con el Poder Judicial facilitará el reclutamiento de funcionarios y empleados judicial para el nuevo tribunal de conducta, “por lo que se dieron garantías para estos profesionales”. “La ley le da institucionalidad a la decisión política del gobernador de organizar mejor este organismo”, dijo Fortuna, quien evitó responder las críticas opositoras.