Los contratados y una historia que se repite

Sin la certeza de quién ganará las elecciones a gobernador de la provincia el próximo 5 de julio, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) acentuó su reclamo para que José Manuel de la Sota efectivice al menos a una parte importante de los 5.000 empleados contratados que ingresaron a la administración bajo los gobiernos de Unión por Córdoba. La demanda sindical por el pase a planta de los contratados no deja de ser paradójica, ya que los contendientes de ese partido son del mismo equipo: el gobernador De la Sota y el titular del SEP, José Pihen, quien es legislador del oficialismo y va por la reelección para otro período.Pese a la comunión política de la conducción del SEP con el Gobierno, el gremio lanzó la semana pasada un moderado plan de lucha que incluyó asambleas informativas y que concluirá mañana con una movilización de los cuerpos orgánicos y los contratados, que marchará por calles céntricas hasta la Legislatura, donde será recibida por el propio Pihen en su carácter de titular de la Comisión de Legislación Laboral. Pihen aspira a que el gobernador pase a planta permanente al menos a 1.500 de los 5.000 contratados, previa realización de un concurso que se exige como requisito. El sindicalista y legislador había elaborado un proyecto de ley vinculado al escalafón, que en uno de sus artículos establecía que por única vez los contratados podían pasar a planta permanente sin rendir concurso. Pero la iniciativa se cayó antes de ser tratada en comisión y Pihen recibió reproches del Centro Cívico. No obstante, según otra fuente sindical, el Gobierno ya suma casi 800 llamados a concurso y completaría esta semana los 1.500 previos a la efectivización.Según datos del Ministerio de Gestión Pública, en los últimos 10 años ingresaron 27.600 agentes a la Provincia, lo que elevó la totalidad de empleados a 123.998. Esto implica un crecimiento del 30 por ciento en la planta de personal. En ese aumento de agentes, 12.300 son nuevos cargos docentes, y 3.700, en el área de salud.Una parte significativa de los nuevos agentes fueron efectivizados por el exgobernador y actual candidato, Juan Schiaretti, entre 2007 y 2011, y muchos de ellos habían sido recibidos como "herencia" de su antecesor –el propio De la Sota–, aseguran en los corrillos sindicales. Aunque los 5.000 contratados representan un cuatro por ciento sobre el total de los agentes provinciales, la decisión que adopte De la Sota sobre la efectivización de parte de esos empleados tiene un impacto político –positivo o negativo, según la óptica de quien lo mire– en medio de la campaña de este como precandidato presidencial y la de Schiaretti como aspirante a gobernador. La demanda del SEP se ajusta a la legislación laboral, que marca que el Estado no puede tener empleados precarizados. Por eso el gremio apeló, para llevar adelante su plan de acción, a una frase del papa Francisco: "La precarización laboral es un pecado gravísimo".Como ocurre a nivel nacional y municipal, el principal responsable por el crecimiento excesivo de la planta de personal es el propio Estado, que, más allá de los requerimientos necesarios para prestar los servicios, utiliza muchas veces el empleo como arma de clientelismo político o devolución de favores de campaña. Ya hay quienes se preguntan si el próximo Gobierno provincial volverá a contratar empleados sin concurso como pago político, en una historia que parece no tener fin.