Los ciclos inversos del municipio

La misma semana en que Rubén Daniele fue reelegido por décima vez al frente del gremio de los municipales (Suoem) y anticipó que tal vez vuelva a postularse dentro de tres años, desde el entorno de Ramón Mestre proliferan las señales de que el intendente intentará evitar la circunstancia de tener que competir por su reelección en la Municipalidad de Córdoba. "Infierno ingobernable", "trituradora de capital político", "inviable", "fuente de conflicto permanente" o "estructura dinamitada". Frases de ese tenor suelen usar los funcionarios –de la actual gestión, y también de las anteriores– para referirse a la realidad municipal. La descripción es más descarnada si proviene de radicales que fueron funcionarios en épocas de Ramón Mestre padre o Rubén Martí. La situación es el reflejo más cabal de un fenómeno político que se arraiga en la ciudad de Córdoba y que la dirigencia local minimiza –siempre es más sencillo, como opositores, culpar sólo al intendente de turno–, hasta que le toca el turno de afrontarlo: en el municipio, los ciclos políticos se acortan casi en la misma proporción en que los ciclos gremiales se alargan. El caso de Daniele es conocido por los cordobeses: en sus casi 30 años al frente del Suoem, el número de empleados municipales casi se duplicó y los salarios se catapultaron entre los más altos del sector público. El costo salarial promedio supera hoy los 30.500 pesos y esos sueldos consumen –según el Ejecutivo– el 60,4 por ciento del Presupuesto municipal. La oposición sostiene que la cifra real es mayor. Pero en el Surrbac, Mauricio Saillen exhibe mayor eficacia todavía. El costo salarial de cada recolector de residuos supera los 32 mil pesos y el número de empleados de ese servicio también creció hasta casi duplicarse desde que la prestación estaba en manos de Cliba hasta el apogeo de la estatal Crese. Los sueldos son el costo principal de la higiene urbana, y ese servicio hoy se lleva casi el 18 por ciento del total de los recursos municipales. Y todavía falta la UTA. El derrotero de las últimas administraciones políticas del municipio, en cambio, es de signo inverso: sólo una gestión por intendente, y con dificultades palpables para ejercer el poder real e intentar resolver los problemas que complican a los vecinos. Las condiciones urbanas no registraron mejoras sustanciales y en unos cuantos rubros –tanto de servicios como de infraestructura– involucionaron. El fenómeno, a esta altura, merecería interpretaciones más profundas desde la ciencia política, la economía o la sociología. Pero no abundan. Los análisis suelen terminar en culpas a los dirigentes gremiales o en la conclusión facilista de que "los cordobeses no saben votar". Más allá de las características de cada gestión, los aspectos estructurales que suelen reiterar los análisis más fundados sobre la crisis ya crónica del municipio son tres: el desatinado desarrollo urbano de la ciudad, que encarece todos los servicios y multiplica los costos de la infraestructura; la rebaja de impuestos del 30 por ciento que aplicó Germán Kammerath y que generó un bache financiero de una década y la masiva incorporación de personal de baja calificación durante la gestión de Luis Juez. Claro que de hacer el diagnóstico a dar con el remedio hay un trecho enorme. Lo puede explicar Ramón Mestre tanto como sus antecesores.