Los cargos, lo 
legal y lo legítimo

Está tan aceptado que a los cargos públicos sólo se accede por acomodo, que los concursos que excepcionalmente organiza el Estado despiertan más sospechas que expectativas entre los muchos que desean un empleo estable y bien remunerado. Es exactamente esto lo que ocurre con el llamado del gobernador Juan Schiaretti para la cobertura de los 747 cargos de mayor jerarquía y nivel salarial del escalafón. El Gobierno responde a todos los cuestionamientos con el contenido de la ley 9.361. Y no miente. Es que todo lo que se está realizando está previsto en esa norma aprobada por unanimidad en los últimos meses de la administración de José Manuel de la Sota, pese a que los dirigentes actuales del radicalismo y el Frente Cívico se sorprendan ahora de lo que votaron sus legisladores hace apenas tres años. Es que quienes aspiran a la gobernación cayeron en la cuenta de que más arriba de esos puestos que se concursan y que desde ahora serán permanentes, sólo hay ministros, secretarios, subsecretarios y directores generales. Esto significa que la potestad de designar funcionarios "propios" en el futuro se reducirá de más de 800 a menos de 100 puestos. Esta realidad es la que generó el rechazo inmediato al llamado de parte de los candidatos Oscar Aguad y Luis Juez. Ahora bien, los que se oponen son más cuando el análisis se hace más fino y va a la esencia de la selección, que estará enteramente en manos de funcionarios y dirigentes del gremio UPS y que garantiza puntaje extra para los interinos. Más aún cuando se toma cuenta de quiénes son los interinos: el 30 por ciento es personal de carrera representado por el gremio UPS y el 70 por ciento restante son actuales funcionarios justicialistas designados por Schiaretti, que en un porcentaje altísimo aportaron a la campaña electoral de 2007. La legalidad del concurso está fuera de discusión, porque hay una ley que lo avala y reglamenta. La legitimidad del llamado y del procedimiento aún está por verse, pero sólo será cuestión de semanas: el 20 de septiembre estará publicado el orden de mérito para el acceso a los cargos, y el listado de quienes hoy ocupan los cargos es público, porque fue publicado en sucesivas ediciones del Boletín Oficial . Si los nombres de uno y otro listado son mayoritariamente los mismos, estará claro que la legalidad no alcanzará a legitimar el proceso. El problema, entonces, será que los cargos ya tendrán dueños y que todo habrá sido legal.