La Voz En Vivo. Julián López justifica los cambios en la Fiscalía General de Córdoba: “Conocimiento y pragmatismo”
El ministro de Justicia dijo que la nominación de Carlos Rubén Lezcano -meses antes del fin del mandato de Delgado- busca evitar frenar la implementación de programas clave y asegurar un perfil “con pragmatismo” para el Plan de Gestión Territorial.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julián López, habló con La Voz En Vivo sobre la decisión del gobernador Martín Llaryora de postular a Carlos Rubén Lezcano como nuevo fiscal General.
López explicó que, aunque el mandato constitucional de cinco años de Juan Manuel Delgado vence recién en marzo del año próximo, la propuesta se adelantó para poder articular una “transición ordenada” con el actual fiscal General. López reconoció el “gran trabajo” de Delgado y confirmó que este está colaborando activamente en lo que será el proceso de sucesión y el trabajo articulado.
“Una transición sin frenos”
La principal razón para la anticipación, según el ministro, fue para evitar que se “frenara” la implementación de distintos programas esenciales, como el sistema de flagrancia, la duplicación de las fiscalías de lucha contra el narcotráfico y el Plan de Gestión Territorial.
Sobre la no continuidad de Delgado, López aclaró que el cumplimiento de su período constitucional de cinco años será respetado. Además, el Ministro sostuvo que el propio Delgado había manifestado su decisión de no continuar, entendiendo que se trata de un trabajo “muy agotador, de una presencia permanente: 24/7 los 365 días del año”.
El ministro de Justicia, sobre Carlos Rubén Lezcano
Tras esto, López afirmó que el Ejecutivo eligió a Carlos Rubén Lezcano porque es una persona con “contracción al trabajo” que posee 22 años de experiencia al frente de un Juzgado de Control y Faltas en la ciudad de Córdoba.
Esta trayectoria, aseveró, le otorga un “conocimiento acabado de la problemática penal”, una relación consolidada con cámaras y fiscales, y un profundo conocimiento de los “pasillos de tribunales”.
López apuntó que el doctor Lezcano cumple con la responsabilidad de garantizar el respeto por las garantías procesales y la resolución equilibrada de los conflictos penales. En este marco, dijo que el Gobierno buscaba un perfil que se ajustara a los nuevos tiempos, aportando mucho conocimiento y capacidad de trabajo, pero también el “pragmatismo necesario” para implementar la agenda provincial diseñada por el gobernador Llaryora.
Los programas de la nueva gestión: territorialidad, narcotráfico y celeridad
La elección de Lezcano, remarcó el funcionario, busca facilitar la implementación de tres programas centrales en materia de seguridad y justicia. En primer lugar, se encuentra el “plan de gestión territorial”, que “rompió con la estructura tradicional dividida en cuatro grandes distritos”.
Este plan implicó una fuerte inversión para generar 27 fiscalías en Córdoba Capital y Gran Córdoba, permitiendo que los funcionarios policiales y judiciales compartan la misma competencia territorial, mejorando la eficiencia y el dinamismo.
Esto facilita la persecución penal específica, dijo, ya que “el tipo de delito va variando de barrio a barrio”.
Actualmente, se han puesto en marcha nueve de los 27 distritos, y se espera la implementación de tres más en los primeros 15 días de diciembre.
El segundo programa es la “duplicación de las fiscalías de lucha contra el narcotráfico”, cuyos fiscales fueron designados en junio, y cuyas estadísticas ya muestran un aumento en detenciones, operativos y allanamientos.
Finalmente, el “sistema de flagrancia”, que busca agilizar los procesos para aquellos detenidos en in fraganti delito. La meta es que, según remarcó el ministro, desde que una persona es detenida hasta que es condenada, no transcurran más de 30 días, logrando un sistema mucho más eficiente y ágil que el que antes podía demorar entre 12 y 16 meses.
