Martín Llaryora sigue analizando los cambios en el equipo con el que jugará los meses clave para definir si sigue o no en el poder después de diciembre del año que viene.
Reforzar la Capital, no descuidar el interior, mantener equilibrios internos, achicar carteras para no tener más ministerios que los ocho que tiene Javier Milei en la Nación son algunas de las variables que tiene en cuenta el gobernador para mover de nuevo el banco.
Mantiene las consultas con sus colaboradores respecto del funcionamiento del equipo. Pero se ha encontrado con algunos problemas; por ejemplo, hay quienes le sugieren que saque a algunos de los más cercanos, a los que justamente apela para que tengan una opinión de peso al decidir esos cambios.
Mientras se esfuerza por ver cómo se planta en la cancha, un ojo sigue puesto en la relación con la Justicia, un vínculo que sigue el camino de tener cada vez menos independencia.
Es que desde los Tribunales le siguen dando dolores de cabeza a una gestión con muchos problemas.
Esta semana se dio un nuevo femicidio en Córdoba, que, a la luz de algunos datos, bien podría haber sido evitado si los controles institucionales sobre condenados y acusados funcionaran de manera efectiva.
Maximiliano Baudraco mató a su expareja Rocío Belén Gómez en Santa María de Punilla.
Baudraco estaba condenado a dos años y medio de prisión de ejecución condicional y debía cumplir con una serie de requisitos. Pero no cumplía con ninguno.
Demasiadas similitudes con Claudio Barrelier, el principal acusado de violar y matar a Agostina Vega; con Pablo Laurta, imputado por los asesinatos de Luna Giardina y de Mariel Zamudio; con Horacio Grasso, sindicado por el crimen de Milagros Basto.
No sólo demasiadas coincidencias, sino que todas se produjeron en un breve lapso.
Si se hubieran cumplido las condenas o las restricciones y exigencias para no estar en prisión, tal vez se hubiesen evitado algunos de esos horrendos femicidios.
Por eso, el Gobierno provincial mandó a responsabilizar en forma directa al juez de Ejecución Penal Facundo Moyano Centeno por no atender las advertencias del Patronato del Liberado respecto de que Baudraco no cumplía con las exigencias impuestas tras su condena en octubre del año pasado por amenazas y violencia familiar.
Moyano Centeno es el mismo juez de Ejecución Penal de Grasso, a quien –pese a que tenía una condena por homicidio y narcotráfico y reportaba mala conducta en la cárcel– se le concedió el arresto domiciliario, que tampoco cumplía.
La oposición había pedido un juicio de destitución contra Moyano Centeno, pero el oficialismo, que tiene las llaves del Jury de Enjuiciamiento, nunca se preocupó por usarlas.
Conviene recordar que el Jury salió de su letargo de años con los fiscales del caso Nora Dalmasso, y no se sabe si volverá a activarse con todos los escándalos que están saltando en los últimos meses.
Pero este caso, en el que el Gobierno reaccionó responsabilizando a un magistrado que acumula antecedentes, mostró otros costados de las debilidades de los andamiajes institucionales.
Por caso, las comunicaciones entre el Patronato del Liberado (que depende del Ejecutivo y sigue los casos de los condenados en libertad) y la Justicia (responsable de los cumplimientos de las penas) no están digitalizadas. Son notas por escrito, que vaya a saber si alguien lee.
¿Una jugada a futuro?
Desde los Tribunales, hay otra preocupación que se transformaría en oportunidad para el gobernador Llaryora, pensando no ya en la reelección, sino en futuros escenarios fuera del poder.
La incomodidad de propios y extraños con el fiscal General Carlos Lezcano es cada vez más grande, en especial por las desafortunadas expresiones públicas que ha tenido en las pocas apariciones desde que asumió el cargo en abril.
Por eso, nadie descarta que el jefe del Ministerio Público Fiscal dé un paso al costado antes de fin de año.
En tal caso, el gobernador se encontraría con la posibilidad de designar un nuevo fiscal General con mandato de cinco años, a menos de un año de terminar su mandato.
O sea, como hizo Juan Schiaretti en su momento, Llaryora podría poner el jefe de los fiscales que estará durante todo su segundo mandato, o en el primero de quien lo suceda.
De darse el segundo resultado electoral, no suena menor contar con esa facultad, con los antecedentes inmediatos de que el gobernador prioriza a los más cercanos para que ocupen puestos clave en la Justicia.
