Conflicto judicial. Llaryora anunció 2,6% retroactivo, pero sigue la discusión por el impacto de la suba de aportes
Ese aumento se aplicará tanto a empleados como magistrados y funcionarios del Poder Judicial. No desactiva el fondo del conflicto, que es el impacto de la suba de aportes impuesta por la Ley de Equidad Jubilatoria.
El conflicto salarial entre los empleados del Poder Judicial y la administración de Martín Llaryora parece haber ingresado en etapa de definiciones. El lunes próximo habría una propuesta oficial ante el generalizado reclamo por el impacto salarial de la Ley de Equidad Jubilatorial y –a los efectos de descomprimir esa discusión– el Ministerio de Justicia y Trabajo informó hoy que el Gobierno habilitó las partidas para que el Tribunal Superior de Justicia pague la suba de 2,6% dispuesta por la Corte Suprema. El pago será retroactivo a abril.
La particular negociación que protagonizan las autoridades judiciales y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial tienen al Ministerio de Justicia como actor central: es el ministro de Julián López el intermediario entre el Ejecutivo y la cúpula judicial que preside Domingo Sesin, pero a su vez la Secretaría de Trabajo que depende del mismo Ministerio media a través de una conciliación voluntaria entre las partes en conflicto.
El gremio volvió hoy a la Secretaría de Trabajo, donde no hubo mayores avances: se estableció un cuarto intermedio hasta el lunes, cuando se espera una propuesta concreta de alivio a quienes están aportando hasta ocho puntos porcentuales extra de aportes personales a la Caja de Jubilaciones.
El comunicado que del Gobierno recalca que la suba de 2,6% retroactiva a abril alcanza a empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial provincial. Esa señal apunta al otro frente de conflicto creciente en el Poder Judicial: las protestas que martes y jueves realizan jueces, fiscales y funcionarios para exigir la equiparación al 90% con el rango salarial de sus pares nacionales.
Esa equiparación, establecida por ley desde 2012, también se desvirtuó por la suba de aportes jubilatorios y hoy lo que cobran los magistrados cordobeses equivale al 77% del sueldo de los federales.
En la discusión entre el gremio judicial y el TSJ también es relevante el descuento de los días de paro realizados en el marco del actual conflicto. El sindicato liderado por Federico Cortelletti puso como condición que esos descuentos no se apliquen, y además estableció un plazo perentorio para la discusión salarial: si entre los días lunes y martes próximos no hay acuerdo, el miércoles se restablecen los paros en el Poder Judicial.
