Congreso. Libertarios presionan para derogar la ley del aborto, pero el Ejecutivo no lo tiene en agenda

Diputados y senadores de La Libertad Avanza aprovecharon el Día del Niño por Nacer, que se celebró el pasado 25 de marzo, para volver a poner en agenda el aborto legal y reforzar su rechazo. Pero el debate no cobra fuerza: el gobierno de Javier Milei no planea enviar ningún proyecto de derogación, al menos en lo inmediato.

“Por el momento no hay nada”, dijo a La Voz, contra sus propios deseos, una fuente del sector autodefinido como “provida” que tiene acceso a las decisiones que se toman en la Casa Rosada. Además, descartó que el tema fuera a contemplarse en el nuevo Código Penal que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) cumplirá en diciembre seis años de vigencia y La Libertad Avanza quiere abolirla, pero hoy no tiene asegurado el éxito en el Congreso. Aunque acrecentó su tropa con la última elección, no tiene mayoría propia. Además, la discusión atraviesa a los distintos bloques políticos y se dirime con “libertad de acción”.

Este escenario no impidió que, en la Cámara de Diputados, un grupo de libertarios firmara un compromiso para “trabajar activamente en la defensa de las dos vidas hasta el logro de la derogación definitiva de la inconstitucional ley del aborto”. Fue en un acto organizado por un diputado de la Iglesia Evangélica, el fueguino Santiago Pauli.

Además de Pauli, suscribieron el compromiso Santiago Santurio, Rubén Torres, María Luisa González Estevarena, Andrea Vera y Gladys Humenuk, por Buenos Aires; Jairo Guzmán, por Santa Cruz; Mónica Becerra, por San Luis; Bárbara Andreussi, por Jujuy; Miguel Rodríguez, por Tierra del Fuego, y Carlos Zapata, por Salta.

En el Senado, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, exponente de la Iglesia Católica, organizó su propio evento: llevó a exponer a monseñor Samuel Jofré, obispo diocesano de Villa María, y a una joven con síndrome de Down, María Lucila Aragone, entre otros.

“La difusión del aborto es un suicidio colectivo del que queremos liberar a nuestra patria”, sentenció Jofré. “Si queremos plena vigencia del orden constitucional y del respeto de los derechos humanos, debemos defender la vida de todos los débiles”, refrendó.

Álvarez Rivero, por su parte, sostuvo que “la vida humana es inviolable desde la concepción hasta la muerte natural. El derecho a la vida es el primer derecho de todos; sin él, todos los demás caen. No hay libertad posible sin vida. Cuando una sociedad justifica eliminar vidas, se rompe la base moral de todo el sistema”.

La legisladora consideró que hay una “sobrevaloración de la conciencia individual” porque “el cuidado de la vida no es un tema privado individual, sino una responsabilidad social y política”. En ese sentido, dijo que “las leyes y el Estado deben proteger la vida” porque “la libertad tiene un límite claro: la vida del otro”.

El único proyecto libertario para derogar el aborto legal se presentó a principios de 2024 y perdió estado parlamentario. Lo impulsó la santafesina Rocío Bonacci, hija de un dirigente conservador de la provincia aliado a Milei. Sin embargo, en aquel momento, el Gobierno tuvo que salir a aclarar que el tema no estaba en agenda y se generó ruido con la autora de la iniciativa.

Cuando se cumplieron cinco años de la IVE en diciembre pasado, Amnistía Internacional difundió un informe que advierte que en la gestión de Milei “se han desmantelado sistemáticamente las políticas de salud sexual y reproductiva”.

Señaló que el Gobierno suspendió la compra y distribución de misoprostol y mifepristona (insumos esenciales para garantizar el acceso a la IVE y a la ILE) y desmanteló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan Enia), pese a su “impacto comprobado” en la reducción del embarazo en esa franja etaria.

A ello se suma una “drástica” reducción en la distribución de métodos anticonceptivos, de anticonceptivos hormonales de emergencia y de test de embarazo, “herramientas fundamentales para que las personas puedan tomar decisiones sobre sus vidas y proyectos”.

En 2025, Amnistía recibió más de 400 casos por barreras en el acceso al aborto, una cifra que triplica ampliamente la cantidad de denuncias registradas el año anterior. Aunque no refleja la totalidad de la situación en el país, sirve como parámetro para dimensionar las trabas al acceso a un derecho.

La institución dio cuenta de cómo la implementación de la ley 27.610, sancionada durante la gestión de Alberto Fernández, “creó las condiciones para un acceso más seguro y oportuno al aborto, contribuyendo a reducir de manera significativa la mortalidad materna por causas relacionadas”.

En ese sentido, destacó que, entre 2021 y octubre de 2023, “más de 245 mil personas” accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud luego de que la práctica salió de la clandestinidad. Además, “la disponibilidad de información, de insumos y de atención de calidad permitió que el 90% de las interrupciones se realizaran durante el primer trimestre”.

Otro dato aportado por Amnistía es que “se duplicó la cantidad de centros de salud que garantizan la interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo”.