Las denuncias podrían quedar en un plano inocuo

Al caer la convulsionada jornada del miércoles, tanto la Municipalidad como la Provincia anticiparon que presentarían sendas denuncias ante la Justicia del Crimen. En el primer caso, se referían al no acatamiento a la conciliación obligatoria por parte de los choferes y, en el otro, por una posible alteración de la paz social ante la circulación de audios por WhatsApp que hablaban de la posible gestación de disturbios.

Esas presentaciones judiciales se concretaron y, en la mañana de ayer, el Ministerio Público Fiscal las acumuló en el fiscal que está a cargo del conflicto del transporte, Guillermo González.

Este funcionario judicial confirmó que había recibido esas denuncias y que su oficina estaba trabajando en esos temas, más allá de su labor con la investigación central. Sin embargo, no formuló comentarios al respecto.

Las fuentes judiciales insisten en que este tipo de presentaciones suelen no tener resultado tangible y que, en todo caso, son resorte de otro ámbito.

La presentación que hizo el asesor letrado del municipio Facundo Zapiola tiene que ver con el no acatamiento de los choferes de la conciliación obligatoria dispuesta por la cartera laboral. También con la posible comisión de delitos para evitar que las unidades de transporte salgan a la calle.

Mientras la Policía o la Justicia no verifiquen este tipo de delitos, el no acatamiento a la conciliación parece no pertenecer al ámbito de la Justicia penal. Sabido es que, si esa desobediencia hace que sus autores estén al margen de la ley, esa “ilegalidad” no es pasible de sanción criminal. En todo caso, las penas a ese apartamiento de la ley (laboral) serán a través de sanciones a los empleados o, llegado el caso, su despido.

En Tribunales 2 recuerdan que en un conflicto anterior, cuando era ministro de Trabajo Adrián Brito, este efectuó una presentación que terminó siendo archivada porque, desde la Justicia penal, no se sancionan las desobediencias laborales.

Algo parecido sucede con la denuncia efectuada por la Provincia frente al clima de incertidumbre que sembraron audios divulgados por WhatsApp. El ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei, anticipó que harían esta presentación “para que los fiscales investigaran la posibilidad de un conflicto de la paz social”. No obstante, tampoco el judicial parece ser el ámbito de una tarea que, mientras no se cometan las acciones delictivas, suena más a prevención.

Más allá de hacer de componedor en este conflicto, el fiscal González difícilmente pueda apostarse en la vía pública para evitar que se cometan delitos. Más vale, actuará una vez que se hayan cometido.