La vida ciudadana al servicio de una facción

Tercer paro en un mes. Un total de cuatro jornadas sin transporte para el 40 por ciento de los usuarios de colectivos en la capital provincial. Decenas de miles de personas masticando rabia y corroborando, una vez más, que en Córdoba no hay poder político, institucionalidad, ciudadanía ni sentido común que valgan frente a una facción.

Esta vez fue la de los choferes de la ex-Tamse. Si fuera ese el único grupo que –amparado en la legitimidad de un gremio– actúa de modo faccioso, Córdoba sería razonable. Pero son varios y mandan desde hace demasiado.

El enigma es siempre el mismo: por qué toda una ciudad, sus gobernantes, los opositores, cada una de las instituciones que están para garantizar derechos y hacer cumplir obligaciones, y los propios gremios, toleran que esas facciones sigan decidiendo sobre la vida de todos.

Las casi 100 horas de paro que en el último mes hubo en los corredores de la ex-Tamse fueron por supuestos errores de los nuevos concesionarios, la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe, en la liquidación de sueldos. Pero la autoridad laboral de la Provincia –que el miércoles terminó declarando ilegal el paro cuando la inacción ya resultaba escandalosa– no logró determinar si los “errores” existieron. O si esas diferencias que saltaron tras el desembarco de las empresas privadas no eran “errores” que, de modo sistemático y siempre en beneficio de los choferes, se instituyeron en la década en que los delegados manejaron Tamse y el municipio admitió el despilfarro.

Como ya se habían generado dos paros al momento de pago, esta vez hubo acciones preventivas: las liquidaciones estuvieron disponibles 48 horas antes, de modo que los “errores” pudieran corregirse. Pero la conducción gremial firmó en el Ministerio de Trabajo que todo estaba bien y, trascartón, vino un paro por tiempo indeterminado.

Hay detalles sugestivos. Para empezar, aún no se pudo establecer cuántos choferes fueron afectados ni qué montos fueron retenidos. Los supuestos “errores” habrían ocurrido en los rubros horas extras, presentismo y carpetas médicas, donde la Tamse registraba récords de gasto y casi nulo control. Con el correr de las horas, el reclamo gremial fue decantando a una exigencia principal: que la UTE restituyera en su función al representante gremial que antes liquidaba los sueldos en Tamse. Que en un gremio como la UTA los delegados de las otras empresas no se solidarizaran con el reclamo, es casi una confesión de parte.

A nivel legal, desde UTA se reconoció que el conflicto era por el “plus Tamse”, que se pagaba por encima del convenio colectivo cordobés, que además está casi un 30 por ciento por encima del que rige en todo el resto del país. Cuando se hizo evidente que la UTE no vino a sostener esos sobrecostos de la empresa municipal, la protesta cambió de consigna: que se vayan los privados y la empresa vuelva al municipio.

Es casi un hecho que los pasajeros volverán a quedar a pie al momento del próximo pago, y no hay razones para que eso no ocurra: la ilegalidad de la medida no tuvo hasta ahora consecuencia alguna y a los choferes ni siquiera les descontaron los días de paro.

Agredieron a periodistas sin que la Policía atinara siquiera a levantar la vista, y la paciencia del Ministerio de Trabajo con “los muchachos” hasta incluyó el tiempo necesario para que pudieran superar la resaca que siempre queda tras el fragor de la lucha.

100 mil familias, mientras tanto, penaban por la escuela, el trabajo o el turno médico. Se sabe: en Córdoba siempre hay un interés faccioso más importante y más protegido.