La perversión de la bondad

La capacidad del gobierno de Mauricio Macri para dispararse balazos en el pie no tiene techo. Quedó expuesta esta semana con la ineptitud de sus funcionarios para administrar algo tan extremadamente sensible y con tantas consecuencias humanas como el sistema de pensiones por discapacidad, que habrá que ver si vale la pena seguir llamándole “sistema”.

La ineptitud que exhibió el Gobierno en la revisión que encaró sobre miles de pensiones es doble. Una, de cara a la opinión pública. La otro es estrictamente operativa, porque, al buscar reducir el fraude, se afectó sin decir “agua va” a personas que reciben ese beneficio social con pleno derecho.

Lo segundo es imperdonable y quedó resuelto con la marcha atrás ordenada por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Lo primero es el tiro en el pie. Golpea al propio Gobierno. Pero también tiene consecuencias funestas en una sociedad a la que le encanta que se revoleen beneficios desde el Estado sin que a nadie le preocupe la salud de las finanzas públicas.

Revisar en forma constante el otorgamiento de beneficios sociales para evitar el fraude no sólo no es un pecado. Debería ser un mérito. Porque es la garantía de que los beneficios puedan seguir existiendo.

De hecho, lo realizado por el Gobierno distó de ser un recorte masivo: en el último año, se cancelaron 70 mil de más de un millón de pensiones, o sea algo menos del siete por ciento. Además, es algo que hacían gobiernos anteriores: en 2015, se dieron de baja 168.500 pensiones de todo tipo, incluidas las que se otorgan por discapacidad.

También es razonable: en todo país desarrollado, estas pensiones se revisan en forma periódica, entre otras cosas porque los avances médicos y sociales cambian las condiciones de muchas discapacidades. Y es necesario: el fraude existe, como lo demuestran los casos de pueblos cordobeses en los que hay casi tantos pensionados como habitantes.

El problema es que si eso se hace mal, se genera el efecto contrario. La sociedad, razonablemente, rechaza en bloque y de plano todo planteo de eficiencia sistémica si lo que observa es una injusticia.

Se desencadena una especie de perversión de la bondad, donde cientos de miles terminan avalando que se haga mal el bien (otorgar pensiones por discapacidad), para que unos pocos puedan hacer bien el mal (fraguar certificados de discapacidad para repartir pensiones con fines políticos o de cualquier otro tipo).

En una sociedad de adictos a este buenismo de patas cortas –así, todos los sistemas terminan quebrando financieramente, tarde o temprano– estos errores encuentran su humus. La oposición política vocifera encantada su demagogia de cada semana. En las redes sociales, se sucede un plebiscito constante que ordena al Estado firmar todos los cheques a cualquiera que lo exija.

Es curioso que en un país abarrotado de personas que tienen estatismo en el ADN, nadie se preocupe jamás por la salud de las finanzas públicas. Cuando, en realidad, deberíamos saber que no hay nada más generoso que ser avaro con los dineros públicos, porque implica una renuncia a repartirlos en beneficio propio, ya sea para exhibir una falsa superioridad moral, acumular poder político comprando votos o, directamente, quedarse con una comisión malhabida.