La Perla: la hora de la verdad
El juicio más largo de la historia de Córdoba transita sus últimos días, después de más de tres años y medio. El veredicto de los jueces se conocerá el próximo jueves 25 de agosto. Antes, los imputados tendrán su última palabra.
El próximo jueves 25 de agosto es la fecha señalada: 1.359 días después de aquel 4 de diciembre de 2012, el juicio por los crímenes cometidos en La Perla y en otros centros clandestinos de detención de Córdoba tendrá por fin su fallo. Es el proceso judicial más grande y más largo de la historia judicial de Córdoba: 716 víctimas, 581 testigos y 43 imputados, de los más de 50 que llegó a contar.Pero más allá de la inmensidad de sus números, la megacausa La Perla ha concentrado la memoria de la tenebrosa intimidad del momento de mayor espanto en la historia del país, y en la de Córdoba muy especialmente, pues esta ciudad y esta provincia fueron blancos principales de la sangrienta represión de la dictadura instaurada en 1976, y aún muchos meses antes.El jueves de la semana próxima, en lo que será la última y breve etapa del proceso, los acusados tendrán la oportunidad de hacer uso su derecho a la "última palabra". La extensión de este tramo dependerá de cuántos de los imputados resolverán hablarles a los jueces.Todos los acusados, hablen o no, deberán estar presentes en la sala, salvo los que ya se encuentran en Buenos Aires y en otros sitios, que podrán decir lo suyo a través de una pantalla.Finalmente, el Tribunal Oral Federal N°1, presidido por Jaime Díaz Gavier e integrado por Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Arturo Ochoa, se dedicará a la definición de las sentencias. Los fundamentos se conocerán en dos meses. Discusiones medulares El largo capítulo de los alegatos de cada una de las partes, iniciado en septiembre del año pasado, que siguió con réplicas de querellantes y fiscales y finalmente las dúplicas (contrarréplicas) de los y defensores, concluyó el martes último en lo que fue la audiencia número 350.La discusión final cerró con cuestionamientos entre las partes sobre procedimientos en el proceso, pero más allá de eso y de las distintas valoraciones de las pruebas y de los testimonios –sobre las que deberá decidir el Tribunal–, las discusiones abordaron algunos temas medulares.Una de las cuestiones sobre las que tendrán que resolver los jueces será el planteo de la defensa de que los delitos cometidos antes del 24 de marzo de 1976 no deberían ser considerados de lesa humanidad. Es decir, puesto que fueron cometidos durante la vigencia de un gobierno constitucional, no deben considerarse como parte de un plan sistemático.El fiscal, Facundo Trotta, en su réplica, hizo foco en la situación de la Córdoba anterior al golpe de Estado. En ese sentido recordó distintos episodios como los fusilamientos presentados como "fuga" en 1975, las torturas en la D-2 (departamento de Informaciones de la Policía provincial que funcionaba en el Cabildo) y la puesta en funcionamiento del centro clandestino de detención Campo de la Ribera por orden de Luciano Benjamín Menéndez."El Campo de la Ribera comenzó a funcionar allá por noviembre y comienzos de diciembre del año 1975, y no sólo tenía reconocimiento como estructura del Ejército, sino que además, según los testimonios, se desempeñaba personal del destacamento y del D-2. Pero además, el D-2 ya venía operando como centro clandestino de detención durante todo el año '75", dijo.Mientras tanto, el abogado Facundo Pace, defensor de Alberto Choux, puntualizó que su planteo apunta al momento en el que la Policía comenzó a depender del Ejército, en octubre de 1975.Los defensores oficiales, Hugo Burgos y Evangelina Pérez Mercau, por su parte, pronunciaron un "alegato de ruptura" y pidieron la nulidad del juicio para sus representados, aduciendo que no habían tenido tiempo de preparar una adecuada defensa, pues asumieron tras la muerte del letrado particular Osvaldo Viola, en noviembre último. Tanto Claudio Orosz, querellante, como Trotta, contestaron que se había cumplido con los plazos procesales, además mencionaron que ya suman siete meses con la causa y que, salvo Natalia Bazán, ninguno de los abogados defensores está desde los comienzos del juicio. El fiscal señaló una maniobra dilatoria. Un caso emblemático Entre otras diferencias, también hay controversia en uno de los casos más emblemáticos de la megacausa: el nieto de Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba. Natalia Bazán, defensora de Luciano Benjamín Menéndez, sostiene que no fue Silvina Parodi (hija de Torres) la que una testigo identificó como la joven que dio a luz el 14 de junio de 1976 en la Maternidad Provincial, sino una presa común. Por su parte, María Teresa Sánchez, querellante de Abuelas, atacó esa teoría con varios razonamientos, además de sostener que el reconocimiento de Silvina Parodi que hizo la testigo Silvia Acosta es correcto. También reafirmó que el delito debía ser encuadrado con la figura de genocidio, es decir, imprescriptible, inanmistiable e inindultable.Pero para la defensa, el caso del robo del nieto de Sonia Torres tampoco debe ser tratado como delito de lesa humanidad, pues, según su criterio, no se aplicó en Córdoba un plan sistemático en este sentido, y apuntó que sólo un episodio de este tipo era ventilado en la megacausa."Los crímenes de lesa humanidad son aquellos actos inhumanos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. No resulta una exigencia que el acto sea generalizado o sistemático, sino que el ataque sea de esa envergadura y el acto sea cometido como parte de ese ataque", replicó Trotta. La última oportunidad de agregar algunas más a las millones de palabras dichas la tendrán los imputados. Luego, vendrán los días de la intimidad de los jueces y sus decisiones. La memoria de Córdoba, la historia de esta sociedad, estará pendiente del veredicto.
Cifras
716 víctimas.
Los casos que se ventilan en la megacausa alcanzan a 716 víctimas, entre desaparecidos, asesinados y sobrevivientes.
581 testigos.
La etapa de recepción de testimonios fue la más larga de todo el proceso. Recién terminó en agosto de 2015.
350 jornadas.
El total de audiencias alcanzó esa cifra. En los últimos días se alcanzaron las mil horas de televisión del juicio, transmitido por internet.
Son 43 los imputados que quedan.
De los más de 50 que en algún momento pasaron por el banquillo, el número de acusados se redujo a 43 a raíz de la muerte –ocurrida hace unos días– del expolicía Fernando Andrés Pérez. El hombre estaba acusado de múltiples crímenes (entre ellos, 68 homicidios calificados) y tenía pedidos de prisión perpetua.
A 40 años del asesinato de Enrique Angelelli.
El 4 de agosto de 1976, Enrique Angelelli, entonces obispo de la diócesis de La Rioja, era asesinado mientras conducía una camioneta. Volvía de una misa celebrada en memoria de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville, también asesinados. Por el crimen, Luciano Benjamín Menéndez fue condenado a prisión perpetua.
