La oposición cuestiona la apelación de la UCR por la suba del boleto

Los concejales de la oposición defendieron el fallo judicial que suspendió hasta el 28 de febrero la suba del boleto y cuestionaron la apelación presentada por la Municipalidad para tratar de revertir la resolución. El abogado Oscar Vera Barros, patrocinante en el planteo judicial contra el aumento de tarifa del transporte urbano, opinó que "todos los argumentos aducidos por la Municipalidad de Córdoba en la apelación –que fueron conocidos a través de la prensa– no tienen sustento, pues confunde la Municipalidad una cuestión meramente política con la violación de la ley en que incurrieron el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Cossar, y los concejales del radicalismo sin cuórum".Además, Vera Barros asegura que la resolución del juez de primera instancia, Gustavo Almeida, "se ajusta perfectamente a la ley y a la Constitución, con valoraciones de las circunstancias totalmente razonables, habiendo dictado su resolución suspendiendo el aumento de la tarifa, con fundamentos lógicos y legales".El bloque de UPC también defendió el fallo judicial. "La apelación que presentó la Municipalidad defiende los intereses de los empresarios, mientras que la presentación que hicimos los bloques de la oposición defiende a los usuarios del transporte. Somos respetuosos de las instituciones, por lo que esperaremos lo que diga la Justicia, que hasta ahora nos ha dado la razón", sostuvo Alejandra Vigo, del bloque de UPC. Judicialización Como se sabe, la Municipalidad apeló el lunes el fallo judicial que suspendió la suba del boleto, de 4,10 a 5,30 pesos. Entre los fundamentos esgrimidos, el asesor letrado del municipio Marcelo Rodríguez Aranciva mencionó una antigua jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, por la cual los concejales no tienen legitimación procesal para demandar judicialmente al municipio en este tipo de casos. El escrito expone además otros argumentos, como que "al disponer la cautelar se ha entrometido indebidamente en la actividad legislativa", en referencia a la resolución judicial de dar lugar al amparo presentado.